Parece el título de una obra de Raúl Scalabrini Ortiz, pero no lo es. A pesar de que el nombre evoca las prácticas más descaradas de lo que el autor de El hombre que está solo y espera denominó la «dependencia económica», en política hay otras «entregas» que merecen un lugar destacado, al menos en nuestra cinematografía.
Me refiero a las entregas de camiones, de anteojos, de dentaduras postizas, de sillas de ruedas, de palas motoniveladoras, de patrulleros, de minibuses y de un larguísimo etcétera de objetos -algunos respetablemente grandes- que realiza el gobierno provincial de Salta con fines puramente demagógicos.
El Gobernador de la Provincia está obligado a mantener a su Policía en condiciones operativas más bien decentes. De allí que la «entrega» de un patrullero, por ejemplo, sea a todas luces un acto ordinario de la administración y no una gran hazaña política. Al menos no una que merezca una nube de fotógrafos y un discurso desde la tarima.
Pero no es el show que se monta alrededor de estas «entregas» lo que importa. Allá el Gobernador si quiere hacer el ridículo entregando, como hizo alguna vez, «elementos de escritorio» a los policías. Quizá él piensa, y con razón, que un buen pisapapeles o un filoso abrecartas sean más efectivos para atrapar o neutralizar a los delincuentes que una cachiporra. No es esto lo que está en discusión.
El problema está en que el funcionario que «entrega» (sea el Gobernador, el Vicegobernador o cualquiera de sus ministros), no saca el objeto entregado de su patrimonio personal, como insistentemente pretende hacernos creer la comunicación oficial del gobierno. «Entregar» un patrullero o una ambulancia adquiridos con el dinero de todos no significa que el Gobernador o sus amigos sean ultragenerosos, sensibles y solidarios. Es su deber entregarlos. Y si fuera en silencio, muchísimo mejor para todos.
Sucede también con las viviendas públicas. El Gobernador las «entrega», pero no es él quien ha puesto los recursos ni los materiales para construirlas. Han sido todos los habitantes de la Provincia los que con su esfuerzo han permitido que las viviendas se construyan y se adjudiquen, en principio, a los más necesitados. El gobierno ha puesto -qué duda cabe- bastante empeño, pero no tanto para que la familia que ocupará la casa le rinda eterna pleitesía al Gobernador o le sobe la espalda en los actos oficiales.
Ahora bien, cuando alguien «entrega» lo que no le pertenece como si fuera suyo, esperando disfrutar de un reconocimiento político que no se ha ganado honradamente, ese alguien pierde bastante de su dignidad personal (aunque no se dé cuenta), porque se aprovecha del esfuerzo del conjunto social para promocionar su imagen, para ganarse el voto, como si él fuese el bienhechor, como si su voluntad o su capricho estuvieran por encima de los derechos que consagra nuestra Constitución.
O sea que, para resumir, la «entrega» de la que hablo es tanto o más denigrante que la que combatió Scalabrini Ortiz en aquellos años duros de nacionalizaciones de sectores enteros de la economía. Porque allí donde hay uno que sacrifica su dignidad dando a título de dueño (o de rey mago) aquello que no le pertenece, hay otro que entierra la suya recibiendo algo a lo que tiene derecho sin humillaciones y sin vasallajes.