Después del gran escándalo que supuso la anulación de los concursos convocados para designar a los quince candidatos aspirantes a ocupar los apetecidos sillones de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, no solo el prestigio del Consejo de la Magistratura ha rodado por los suelos: sus integrantes ahora van y vienen, como si el cargo de consejero fuera solamente «un puesto» que cubren, según las necesidades de la coyuntura, las corporaciones que lo componen (abogados, jueces, fiscales y diputados). Con sus vaivenes, a menudo impresentables, estas corporaciones parecen que deciden a qué individuo mandar al Consejo, según la cara o el color del concurso que tengan por delante para resolver. La inusual movilidad de los cargos que integran el Consejo de la Magistratura destruye la garantía de previsibilidad que constituye una de las bases de la equidad de los concursos.
Que Salta es una sociedad pequeña, atravesada por una tupida y a veces oculta red de amistades y de enemistades era algo sobradamente sabido cuando se aprobó la creación del Consejo de la Magistratura. Es decir, que se pudo haber previsto de antemano la conformación de un comité examinador externo, integrado por prestigiosos expertos y profesores venidos de otros lugares, con lo que los riesgos de que el Consejo cambie una y otra vez de composición por las abstenciones y las recusaciones propias de la sociedad aldeana se podrían reducir virtualmente a cero.
Hoy por hoy, un candidato que aspira a cubrir un cargo a través de un concurso público no sabe si puede saber quiénes serán los consejeros que se sienten a evaluarlos. Hoy son el diputado fulano, el abogado mengano, la fiscal zutano y el juez perengano; mañana puede ser cualquiera. Para asegurar la imparcialidad de la evaluación y del concurso en su conjunto hay mejores formas que hacer que medio Salta pase por el Consejo de la Magistratura, sin afectar su funcionamiento básico.
Muchos candidatos preferirían una menor apariencia de imparcialidad a una composición siempre cambiante e imprevisible que normalmente hace sospechar que las personas que se sientan a examinar a los futuros jueces y fiscales no tienen la capacidad o la experiencia necesaria para hacerlo.
La dedicación de los consejeros ha de ser completa, profesional, indelegable y prioritaria, con independencia de los otros cargos que los mismos consejeros puedan desempeñar en las instituciones del Estado. La seriedad del órgano encargado de seleccionar a los magistrados inferiores desaparece cuando un consejero delega en su suplente (o en quien fuera), porque tiene una sesión en la cámara, tiene que acudir a una audiencia, o jugar un partido de golf. Se es consejero para desempeñar efectivamente ese cargo y no para dejar de serlo cuando el concurso «pinta bravo».
La seriedad impone que los concursos sean resueltos por un órgano estable y profesionalizado, y no por un grupo ocasional integrado a voluntad de las corporaciones. Esta forma de entender las cosas desnaturaliza las funciones del Consejo y anula su credibilidad. En este caso, la poca credibilidad que le queda.