La reciente difusión del informe del PNUD sobre las provincias argentinas, que por primera vez utiliza el denominado Índice de Desarrollo Sostenible Provincial, ha provocado auténtico pavor en las filas del gobierno de Salta, toda vez que esta Provincia aparece entre las cuatro jurisdicciones de menos desarrollo del país. Para un político que lleva gobernando casi diez años, la medición del PNUD, que refleja el pésimo estado social de la Provincia, constituye una auténtica catástrofe, teniendo en cuenta que este organismo internacional no solo cuantifica aspectos como la pobreza, el bienestar social o el cuidado del medio ambiente, sino que también coopera económicamente con nuestro Estado provincial para superar los serios problemas los salteños que tenemos en estos terrenos.
Tanto ha molestado el informe del PNUD, que después de casi un mes de celebrado un encuentro en la ciudad de Reykjavik, el gobierno provincial ha dado a conocer la noticia de que dos funcionarios suyos han asistido a un foro internacional cuyo objeto es elaborar indicadores sociales diferentes a los que se emplean actualmente para la contabilidad social.
La información oficial señala que Salta es «pionera» en la elaboración de este tipo de índices, pero la afirmación -engañosa y que suscita un sinnúmero de interrogantes- no supone que Salta tenga la misma consideración «pionera» en materia de producción y ejecución de políticas destinadas a reducir la pobreza, expandir el bienestar social o mejorar el entorno natural.
Al contrario, la realidad demuestra con profusión de cifras incontestables que mientras una cierta parte del gobierno de Salta hace algún esfuerzo por mejorar la medición de los indicadores sociales, las políticas que el mismo gobierno pone en práctica para promover el desarrollo son anticuadas, clientelares e ineficientes.
Grave sería que los nuevos índices, si consiguen imponerse, nos muestren una realidad social más auspiciosa que la que viven los salteños cotidianamente; que el esfuerzo por actualizar las herramientas para medir la pobreza nos induzca a engaño y que haya ciudadanos que piensen que porque un índice mida de forma diferente los efectos de los graves problemas de inequidad, de marginalidad, de atraso, de pobreza o de ineficiencia económica se han solucionado.
A día de hoy no caben dudas de que al gobierno de Urtubey le ha sentado como patada en el hígado la pobre performance social de la Provincia que gobierna, medida con un índice también nuevo y además específico, como lo es el IDSP aplicado por la ONU. Y lo que es peor: mientras los salteños nos desayunábamos de la noticia de nuestro descenso a los infiernos, el Gobernador y su séquito se paseaban por Europa como lo hacen (cada vez menos) ciertos dictadores africanos que viven en una escandalosa opulencia mientras mantienen a sus pueblos sumidos en la miseria.
La solución no es modificar los indicadores, ni cerrar el PNUD, ni declarar a la ONU obsoleta, ni inventarse índices revolucionarios para apaciguar las conciencias.
Las respuestas que los salteños necesitan para salir del fondo de la tabla pasan por cambiar el gobierno actual por otro que represente los intereses generales de los ciudadanos y se preocupe de forma sincera y responsable por las grandes cuestiones pendientes. Lo que necesitamos ahora no es mandar a técnicos de Islandia a reflexionar sobre el sexo de los ángeles sino colocar a personas sensatas en el Grand Bourg, aptas para tomar decisiones de peso en materia de lucha contra la pobreza. Personas honradas que no se molesten por lo que puedan decir los indicadores del PNUD sino que demuestren un compromiso con la prosperidad general y renuncien a llenarse los bolsillos.