El Gobernador de Salta ha entregado ayer unas 1500 de las casi 4000 becas que su gobierno se propone entregar este año a estudiantes que cursan carreras terciarias o universitarias, dentro o fuera del territorio salteño. De acuerdo con la información oficial, la cuantía media de estas becas -excluyendo las llamadas «a la excelencia», que perciben muy pocos alumnos- es de unos 950 pesos argentinos (aproximadamente 52 euros) por mes, en nueve o diez pagas.
Lo más llamativo de esta entrega ha sido que el gobernador Juan Manuel Urtubey relacionó la concesión de unas becas de cuantía casi testimonial a la «movilidad social»; es decir, vinculó las ayudas con un objetivo que podría ser considerado revolucionario para Salta.
Pero ¿es posible la movilidad en Salta con 900 pesos?
A comienzos de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos que depende del gobierno federal argentino informó que el costo de la llamada canasta básica alimentaria (la cifra que usualmente se emplea para establecer el límite con la indigencia) es en Argentina de 5528,47 pesos argentinos. Con este indicador en la mano, las becas de Urtubey se confirman como un importante elemento de movilidad social, pero descendente.
De lo que se deduce que la cantidad concedida por el gobierno de Salta a título de beca no alcanza para cubrir ni siquiera una mínima parte de los gastos de manutención de un estudiante con edad promedio de 21 años.
En Salta funcionan dos universidades: una pública y gratuita, otra confesional y de pago. En esta última el precio de las cuotas mensuales es de 3600 pesos, que se abonan durante 11 de los 12 meses del año.
Cualquier estudio económico serio nos advertiría que para que un gasto de esta naturaleza pueda tener la consideración de una auténtica «inversión social»; es decir, para que el Estado pudiera asegurarse de que la cantidad concedida ayudará efectivamente a lograr los objetivos que se propone, la cuantía de las becas debería ser al menos seis veces superior y reducirse al menos a la mitad el universo de beneficiarios. Cualquier cosa que se haga atendiendo a otros criterios supondrá un gasto inútil, que dejará insatisfechos a los perceptores, y al gobierno sin posibilidad ninguna de rentabilizar o evaluar el resultado de su inversión.
Estudiar es más caro
Recientemente, el Gobernador de Salta visitó en Madrid la Universidad Camilo José Cela, un centro de estudios privado, en el que estudiar un grado oficial presencial en Empresa y Tecnología cuesta (solo el primer curso) 269.100 pesos argentinos.Es decir, que si nuestro primer mandatario quisiera enviar a un estudiante salteño a estudiar a la misma universidad en la que el jueves pasado pronunció su célebre charla, debería pagarle la beca de 900 pesos durante al menos unos 25 años; solo para que el estudiante pudiera terminar el primer año de su carrera.
Y eso que España no es uno de los países más caros para estudiar en Europa, pues según el informe de la Comisión Europea (National Student Fee and Support Systems), bastante más caro es estudiar en países como el Reino Unido, Irlanda o Italia.
Por supuesto que en estos países hay becas. La mayoría de los países las otorgan más por la situación social del estudiante (need-based grants), pero también hay países que las reconocen por el rendimiento académico (merit-based grants). Otros países combinan los dos criterios y están también los países escandinavos que conceden las becas con carácter universal.
Entre los países que conceden ayudas en base a las necesidades sociales de los estudiantes, sobresalen el país de Gales, Dinamarca, Alemania y Suiza en donde las ayudas son superiores a 5000 euros anuales (90.000 pesos argentinos).
Un gesto demagógico
En Europa, ninguna autoridad pública se arriesgaría a asistir a un acto en el que las ayudas fuesen tan exiguas y poco significativas. Si hay ayudas de este tipo, por lo general se tramitan a través de Internet y se abonan en una cuenta bancaria, sin actos de reverencia, sin humillaciones ni grandilocuencias de ningún tipo.La presencia física del Gobernador de Salta en un acto de estas características, teniendo en cuenta el bajísimo impacto económico de esta medida, tanto en lo que se refiere a las cuentas públicas como al bienestar de los estudiantes, solo se puede interpretar como un acto demagógico.