Las democracias avanzadas han dejado de emitir cheques en blanco para que los gobernantes, democráticamente electos, hagan lo que les dé la gana, sin rendir cuentas a nadie. Tanto en temas de corrupción como en otros que podríamos llamar muy genéricamente aquí de «mal gobierno» comienza a abrise paso el principio fundamental de que «el que la hace la paga».
El mal gobernante o el gobernante corrupto que se mantiene en el poder tiene más posibilidades de maquillar sus tropelías y de eludir la acción de la justicia, incluida la «justicia política». Pero estos tiempos de impunidad son cada vez más limitados y las respuestas contra los abusos de poder cada vez más rápidas.
Nuestro sistema institucional carece de herramientas fiables para medir el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por un gobernante o de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato. Pero no quiere decir que no dispongamos de ninguna. El escrutinio permanente de la opinión pública es un instrumento de control del poder político que va conquistando nuevos espacios, en la medida en que el sufragio popular se muestra cada vez más como una herramienta en manos del poder de turno para eludir una rendición de cuentas detallada y minuciosa.
El uso de las nuevas herramientas de control ha permitido que en la Argentina aflore una parte -por ahora mínima- de lo que se supone es un conjunto mucho más amplio de errores, de conductas desviadas y de actos corruptos cometidos por quienes gobernaron en los últimos diez años.
Lo que resulta extraño, aunque no inexplicable, es que a medida que van saliendo a la luz conductas muy graves que comprometen seriamente la responsabilidad política de quienes han tenido mando político en la etapa anterior, el Gobernador de Salta -uno de los principales valedores y soportes del gobierno de los Kirchner- esquive todos los días sus responsabilidades, como si él no hubiera tenido nada que ver con el gobierno anterior.
Decimos que es extraño pero no inexplicable, pues la razón de esta -por ahora exitosa- maniobra de elusión no es otra que el ejercicio efectivo del poder por parte del señor Urtubey, que le permite maquillar a su antojo la realidad de hoy y la de antes.
Si el Gobernador de Salta liderara un gobierno abierto y transparente, los ciudadanos podríamos conocer hoy la exacta medida de su responsabilidad en los desaguisados que se atribuyen, con pruebas, al gobierno Kirchner. Es aritméticamente imposible que después de haberlos apoyado durante nueve años, sin apenas discrepar de sus dictados, Urtubey no tenga ninguna responsabilidad, en calidad de cómplice o de copartícipe, de muchas de las actuaciones de los Kirchner que lesionaron gravemente las instituciones del país y su prestigio en el mundo.
El apoyo permanente y convencido es ya de por sí una causa mayor de responsabilidad. Pero por debajo del apoyo genérico ha habido una participación, activa o pasiva, en decisiones puntuales que no se puede ocultar de ninguna manera.
Los salteños tienen derecho a saber hasta dónde su Gobernador está implicado en los asuntos que hoy se atribuye a los Kirchner. Sean asuntos con relevancia judicial o asuntos de pura responsabilidad política.
Como el gobierno provincial de Salta no quiere reconocer ningún error -ni siquiera el de haber apoyado sin reservas a los Kirchner- no quedará otro remedio que esperar a que el kirchnerismo revele en qué asuntos concretos está comprometida la responsabilidad de Urtubey. Al paso que vamos, será una tarea que el kirchnerismo asumirá con gusto.
Pero si Urtubey es sincero y no oportunista con su declamado apoyo a Macri (tras abandonar el kirchnerismo de primera fila), lo que los ciudadanos esperan es una admisión de culpas por el apoyo al régimen anterior. Sin esta autocrítica fundamental el apoyo de Urtubey a Macri es endeble y poco creíble, aunque para el Gobernador de Salta represente un paso adelante en su estrategia de sinceramiento político.
Si Urtubey estaba en los antípodas ideológicos de los Kirchner ¿por qué motivo entonces los apoyó? Ni el país ni el pensamiento ideológico han cambiado tanto en estos últimos diez años para que alguien pueda dar un salto de semejante envergadura sin ensayar la más mínima explicación. Es claro que aquí alguien está equivocado. No se puede acertar estando un día con un extremo y al siguiente con el otro. La política no es solo una cuestión de modas pasajeras: es también una actividad en la que se juegan las convicciones morales de las personas.
El Gobernador de Salta dispone de todos los mecanismos para tergiversar la voluntad popular: el voto electrónico, el control del calendario de votación, la influencia directa sobre el Tribunal Electoral, el control de una decena de partidos políticos. De modo que cuantas veces desee puede, si así lo decide, pasar el filtro de una elección popular, o, incluso, reformar la Constitución a su gusto y paladar.
Lo que no puede -aunque hace esfuerzos desesperados para ello- es controlar a la opinión pública, pese a la ingente cantidad de dinero que su gobierno gasta para domesticar a la opinión publicada.
El cerco de los ciudadanos es cada vez más estrecho y Urtubey hace rato que viene sintiendo el aliento en la nuca. O adopta una decisión valiente y explica a los ciudadanos por qué ha sido durante nueve años un kirchnerista convencido, reconociendo al mismo tiempo, como suyos, los errores que se han cometido en esta triste etapa histórica del país, o llegará un día en que la opinión pública lo forzará a renunciar de su cargo, por más que ahora quiera hacerse el distraído como perro que acaba de voltear la olla.