Ayer, el Consejo de la Magistratura, sin la presencia de su presidente, resolvió convocar a una reunión plenaria para después de la Semana Santa con el objeto de «analizar» la decisión del Gobernador de la Provincia de dejar sin efecto jurídico el concurso público convocado oportunamente por aquel órgano constitucional para proveer cinco plazas de jueces, de reciente creación.
Los consejeros reunidos ayer dejaron entrever su disconformidad con la decisión del Gobernador, argumentando entre otras cosas que tal decisión no es respetuosa con una sentencia judicial que hace pocos días declaró que tal concurso se ajustó a la legalidad vigente.
Asoma en el horizonte un conflicto de poderes, pues si el Consejo de la Magistratura se ratifica en lo actuado y defiende la regularidad de sus procedimientos -cosa que mucha gente espera que haga- al Gobernador de la Provincia no le queda otra salida -si es que quiere ser coherente con su postura en relación con este asunto- que negarse a elegir entre los candidatos que el Consejo ha seleccionado y paralizar, de hecho, el proceso de designación de las plazas judiciales vacantes.
Si algo como esto ocurriera, sería razonable pensar que las personas seleccionadas para ocupar los cargos (quince en total) reaccionarán como corresponde y exigirán al Gobernador que cumpla con su deber de elegir.
Es decir, que si las espadas se mantienen en alto, como insinúan por el momento las comunicaciones oficiales de los distintos protagonistas de la historia, a la vuelta de Pascuas podemos tener en puerta un formidable enredo institucional, de imprevisibles consecuencias.
Pero esto no ocurrirá, porque vivimos en Salta.
Ni el Gobernador saldrá del asunto escaldado por haber pretendido imponer una autoridad que no posee, con los argumentos más absurdos que se recuerden, a un órgano constitucional que no se encuentra bajo su mando, ni el Consejo de la Magistratura pagará los platos rotos de un concurso mamarrachesco que mejor habría sido organizado y resuelto por quienes cada mes de septiembre eligen en Salta a la reina de los estudiantes.
Para empezar, es muy dudoso que fieles escuderos del gobernador Urtubey, como los diputados Matías Posadas, Oscar Ángel, Santiago Godoy o la muy patriota Liliana Guitián le planten cara al mandatario para defenderse a ellos mismos, o para salvar su honorabilidad. No hace falta ser un psicólogo experto para afirmar que la humillación personal se encuentra en el ADN del peronismo, a título de mecanismo de supervivencia.
Es más dudoso todavía que Urtubey decida acusar ante los órganos competentes a los jueces Abel Cornejo y Analía Villa, o a la defensora general María Inés Diez, que fue ministra suya, y poner en marcha los mecanismos de destitución. Tampoco parece muy probable que el gobierno la emprenda contra la jueza Mónica Mukdsi, que fue quien dictó la sentencia que dice -contra la opinión del Gobernador- que todo el concurso fue «fenómeno».
Menos probable aún es que Urtubey dirija un escrito al Colegio de Abogados de Salta pidiendo que sean suspendidos los letrados que representan a la corporación en el Consejo de la Magistratura (Romani, Falconier y Galíndez), medida que generalmente tiene el perverso efecto de impedir a los letrados que asistan a los asados semanales en donde junto al carbón de leña arde también buena parte del prestigio de la profesión.
Es de esperar que entre los dos polos de poder (por llamarlos de alguna manera) se entable una suerte de negociación política (la tregua pascual puede propiciarla), cuyo mejor resultado (el más coherente, el más pacificador y el más razonable) dejará inevitablemente un tendal de damnificados y llevará a su máximo nivel las sospechas de «compadreo» entre el Gobernador de la Provincia y el órgano constitucional encargado de seleccionar a los candidatos a ocupar los cargos de jueces inferiores y magistrados.
Nadie admitirá sus meteduras de pata. En Salta no hay quien se equivoque y si por una fatalidad cósmica alguien admitiera su error, seguro es que no pagaría por ello. Aquí hay que hacer salir humo de los celulares antes que dar la imagen de un entramado institucional, no solo ineficiente y mal organizado, sino además conflictivo y beligerante.