Después de la decisión adoptada hoy, ya nadie se cree (ni en Salta ni el extranjero) el cuento de que Urtubey respeta la autonomía funcional del Poder Judicial y que no tiene nada que ver con las decisiones que adoptan los jueces.
Si el Gobernador de la Provincia, con solo chasquear los dedos, es capaz de hacer retroceder un concurso público resuelto hasta el final y convalidado por un pronunciamiento judicial firme, desde luego que también es capaz de obrar muchos otros prodigios en la «caja negra» de la justicia provincial. Y seguramente con menos esfuerzo.
Se podría decir, en términos estrictamente teatrales, que el Gobernador se ha quitado finalmente la careta y se ha mostrado tal cual es: como un manipulador poco refinado de la legalidad, para acomodarla a sus intereses primero y a su percepción personal de lo que es la democracia republicana después.
Es hoy más evidente que nunca que si al Gobernador se le ocurriera, previo dictamen de la Fiscal de Estado declararía irregular el proceso judicial con que la Provincia de Salta clausuró a cal y canto el escandaloso crimen de las turistas francesas, ocurrido en julio de 2011.
Si Urtubey ha visto la paja en el ojo del Consejo de la Magistratura, desde luego que es capaz de ver la viga en el del Juzgado que instruyó «a la criolla» la investigación judicial del asesinato y violación de las dos jóvenes extranjeras; que no solo está invalidada por «irregularidades evidentes e insalvables» (para emplear el lenguaje gubernamental) sino por conductas que probablemente constituyan graves delitos penales.
¿Es que la recta aplicación de la ley en el caso de las turistas francesas nada tiene que ver con la «regularidad y transparencia» de los actos del Estado?
¿Por qué el Gobernador, sorprendente defensor de la información pública y de la incolumidad de los principios republicanos, no aplica en el caso de las turistas francesas mismo criterio que aplicó hoy para anular «manu militari» una decisión que por imposición constitucional está obligado a acatar?
Esto tiene un nombre: se llama «legalidad a la carta», y es la forma más perversa de inseguridad jurídica entre las muchas que se conocen. Se trata de una perversión que consiste en poner por delante una supuesta legitimidad democrática en desmedro de la legalidad, que se considera formal, arcaica y vacía de contenido.
Pero el Gobernador ha jurado respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, razón por la cual este intento de hacer prevalecer una idea autoentendida de legitimidad por sobre la norma escrita no puede salirle gratis.
Más allá del resultado de un concurso en particular, quienes deben reaccionar primero son los magistrados del Estado, que están tan vinculados por los preceptos constitucionales como el propio Gobernador, y porque son los primeros ciudadanos llamados a tomar medidas efectivas para hacer prevalecer las normas antes que los caprichos personales.
Si nadie se mueve de sus posiciones, bastará simplemente con copiar los enjundiosos fundamentos aportados por el Gobernador de la Provincia y su Fiscal de Estado para exigir de inmediato una nueva investigación y un nuevo juicio por las turistas francesas.
No hay escapatoria, porque ya vimos el valor que para el Gobernador de la Provincia tiene la cosa juzgada.
O todos los actos del Estado son «rectos y presentables», como dice el señor Urtubey, o no lo es ninguno.