Para adoptar semejante decisión, carente de cualquier fundamento jurídico y razonamiento legal, el Gobernador de Salta podría haber solicitado asesoramiento previo a la comisión de verduleras del mercado Cofrutos, y no a la Fiscal de Estado, como lo hizo. La información oficial difundida por el gobierno provincial hace unos minutos dice que Juan Manuel Urtubey «tomó la decisión de carácter excepcional de devolver las ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura y solicitar la apertura y realización de nuevos concursos».
En ningún momento señala la comunicación gubernamental qué norma jurídica autoriza al Gobernador a adoptar una decisión de semejante naturaleza y alcance.
La comunicación gubernamental guarda silencio en este punto, sencillamente porque no existe tal norma y se trata, en este caso, de una decisión -probablemente justa- pero manifiestamente arbitraria en tanto solo está fundada en la voluntad de quien la adopta. Se trata de un claro avance sobre la división funcional de poderes y una lesión a los derechos fundamentales del ser humano.
Más grave que lo anterior, es que el Gobernador afirma que el concurso que ha pedido repetir está viciado de «irregularidades evidentes e insalvables», y sin embargo no exige ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios públicos que convalidaron aquellas irregularidades, a pesar de su evidencia manifiesta y de su enorme entidad.
Dice Urtubey que «concurren circunstancias suficientes y justificadas que autorizan, de manera excepcional, a rechazar en su totalidad la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura y solicitar la apertura de nuevos concursos para cubrir las vacantes». Es evidente que el lenguaje utilizado por el mandatario, impregnado de un cierto cinismo, apunta a que los restantes concursos decididos por el mismo Consejo que cometió las «irregularidades evidentes e insalvables» no sean atacados por las personas perjudicadas.
Pero si el Consejo de la Magistratura, en defensa de su independencia funcional, de su buena reputación institucional y de la dignidad de las personas que lo componen, no se ratifica en el resultado del concurso y resuelve volver a convocarlo, aquellas personas que resultaron preteridas en otros concursos tendrán todo el derecho de solicitar la revisión de las convocatorias ya decididas, por cuanto el Gobernador de la Provincia no es, ni de lejos, un superexperto en nulidades, ni una persona capaz de detectar o sancionar semejantes barbaridades sin abrir una investigación administrativa, con plenas garantías de defensa, y dejándose llevar por lo que han publicado los diarios. Ni en la época de la dictadura militar se ha llegado tan lejos.
Añade Urtubey en su comunicación, que «la regularidad y transparencia de los actos de gobierno constituyen un pilar esencial del sistema republicano y democrático y, por ende, hacen a la esencia misma del Estado de Derecho, correspondiendo a todos los poderes del Estado velar incansablemente por su cumplimiento». Dejando de lado la poesía republicana, parece muy claro que aquí no estamos en presencia de un «acto de gobierno», en sentido estricto.
En otro punto de su comunicación, Urtubey afirma que «la transparencia constituye presupuesto de validez de todo el obrar estatal en general y del proceso de selección de magistrados en particular, que tiende a garantizar el acceso a la información no solo de aquellos interesados en participar en dicho proceso sino también de los ciudadanos salteños quienes, en definitiva, son los destinatarios del servicio de justicia». Evidentemente, a pesar del esfuerzo dialéctico del Gobernador, el problema suscitado en torno a ese concurso en particular, poco y nada tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública.
Más todavía, Urtubey dice que su decisión no supone valorar de ningún modo «las condiciones personales, morales, profesionales o idoneidad de los postulantes que integran las ternas recibidas», afirmación que se contradice abiertamente con el párrafo de su propia comunicación que señala que «la evaluación escrita consistió en un caso práctico que debían resolver los postulantes y que coincidía con uno real resuelto por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en el que habrían tenido intervención dos de las concursantes». El juicio moral sobre las dos profesionales que presuntamente conocían de antemano el contenido del «caso» es claro y contundente, por más que el Gobernador se empeñe en decir lo contrario.
Si el criterio del Gobernador de la Provincia se impone; es decir, si el concurso es dejado sin efecto y debe volver a repetirse, será la confirmación plena -que no admite duda ni contradicción- de que el poder que ejerce el señor Juan Manuel Urtubey es superior, en intensidad e influencia, al que las leyes le reconocen como legítimo, y que su habilidad para mover los hilos de la justicia provincial es superior a la que el ciudadano medio sospecha.
Lionetto enmienda la plana a Mukdsi
Contra la autoridad de la cosa juzgada, la opinión de la Fiscal de Estado va a misa.Al menos es lo que se desprende del «dictamen» de la fiscal Lionetto, redactado a requerimiento del Gobernador de la Provincia.
A pesar de que una jueza letrada del Poder Judicial, en un proceso contradictorio y con plenas garantías de argumentación y defensa jurídica, decidió que el mencionado concurso no había sido irregular y que lo actuado por el Consejo de la Magistratura se ajusta a Derecho, la Fiscal de Estado Mónica Lionetto, con solo verle las tapas al asunto, ha encontrado en el concurso una cantidad enorme de basura.
Por ejemplo, «alteraciones al procedimiento por las modificaciones realizadas a los cronogramas fijados y publicados oportunamente». También ha dicho Lionetto que «en dos resoluciones, el Consejo de la Magistratura decidió reducir a una las cinco evaluaciones escritas de los postulantes y establecer una sola entrevista personal en lugar de cinco, tal como estaba establecido».
Para ser más concreta todavía, Lionetto dice en su «dictamen» que los cambios hechos a la convocatoria, evaluación de antecedentes, examen escrito y entrevista personal, atentan contra la regularidad del proceso, afecta las garantías de igualdad y equidad, vulnerando el debido proceso legal, pero además afecta la transparencia que debe guiar el proceder de todos los órganos del Estado.
¿Qué autoridad tiene Lionetto para cambiar el enfoque y las conclusiones jurídicas de la jueza Mónica Mukdsi? Pues la autoridad que le da Urtubey, que piensa que el Fiscal de Estado está por encima de los jueces, cosa que probablemente le venga del folklore familiar.
¿Y el juicio político?
Si para Urtubey y Lionetto el resultado del concurso, que es firme, debe ser dejado sin efecto y hacer como si no existiera, lógico es suponer que tras la decisión del Gobernador se produzca una catarata de pedidos de destitución, ya que los «defectos» señalados por el Supremo Ciudadano son de tal gravedad que ninguno de los miembros del Consejo de la Magistratura tiene ya autoridad moral para permanecer en su asiento.A menos que el Consejo se ratifique en lo actuado y desobedezca la ridícula y antijurídica «orden» del Gobernador para declarar la inexistencia del concurso, los salteños nos iremos a golpear el pecho este Viernes Santo con la sensación de que el único ser humano con estatura y dignidad republicana es el Gobernador de la Provincia y que los demás son unos títeres impresentables.