Hace poco menos de dos meses, el nombre de la señora Cecilia Mariana Ávila Ricci, quien actualmente se desempeña de forma precaria como juez del Trabajo en Salta, saltó a la primera plana de los diarios internacionales por haber sido la elegida por los diputados provinciales Manuel Santiago y Lucas Javier Godoy para una acción de amparo, con medida cautelar incluida, cuyo objeto era tutelar el buen nombre y honor del segundo frente alguna publicación internacional que no lo dejaba en buen lugar. En aquella oportunidad, la señora Ávila Ricci, a la velocidad del rayo, «ordenó» a Google Argentina, en su calidad de propietaria de la plataforma de vídeos YouTube, suprimiera de forma cautelar la difusión de un documental rodado y publicado por la televisión francesa, en el que la jueza (y pocos más que ella) entendía que había una «alusión» probablemente calumniosa al diputado Godoy hijo.
Como se sabe, la medida no tuvo ningún efecto, puesto que la productora responsable del vídeo había ya anunciado, por lo menos dos días antes de la interposición de la acción judicial, el retiro de la red del material cuestionado, también de forma provisional.
En su día, la elección de Ávila Ricci por los diputados Godoy para la protección de su derecho al honor fue seriamente cuestionado por razón de que la jueza desempeña un cargo interino (hay cientos de jueces letrados en Salta que no están afectados por una situación de interinidad) y porque ella misma figura inscrita como aspirante en el concurso público convocado oportunamente por el Consejo de la Magistratura para proveer de forma definitiva la misma plaza que ocupa hoy a título transitorio.
Más todavía se cuestionó el hecho de que las pruebas de idoneidad y exámenes varios a que sería sometida la jueza interina para optar a su cargo fijo iban a ser tomadas por uno de los amparistas, el diputado Manuel Santiago Godoy, que integra el Consejo de la Magistratura de Salta, a título de segunda autoridad.
Sorprendente es, sin embargo, que allí donde una buena parte de salteños ha visto una suerte de incompatibilidad moral y una clara causal de recusación en la actuación de la jueza para beneficiar a quien justamente va a decidir su futuro laboral, ni la señora Ávila Ricci ni los señores Godoy han visto la más mínima sombra de amiguismo.
Hoy se ha conocido la noticia de que la jueza en cuestión, entre otros diez candidatos, ha obtenido la nota más alta en la evaluación escrita prevista en el concurso correspondiente. Sus posibilidades de integrar la terna definitiva de candidatos son, pues, altísimas.
Por supuesto, no cabe dudar aquí ni de los méritos de la examinada ni de la transparencia del proceso, pero sí dejar claro que de no haberse producido esa desesperada e inútil intervención judicial en favor del diputado Godoy hijo (que solo consiguió que la presunta calumnia se esparciera como una mancha de aceite), la nota alcanzada hoy por la jueza que salió en defensa del honor presuntamente mancillado del diputado, hijo de uno de los directores del concurso, hubiera sido absolutamente inobjetable desde el punto de vista moral y probablemente brillante desde el académico.