La información oficial del gobierno de la Provincia de Salta dice que en la reunión de marras, el gobernador Juan Manuel Urtubey estuvo solamente acompañado por su esposa, la señora Isabel Macedo. La misma información no indica en ningún momento la presencia de otros ministros del gobierno, aunque los elementos gráficos que acompañan el despacho revelan, con claridad, que estuvo presente en la reunión la Ministra de Derechos Humanos y Justicia, señora Cintia Pamela Calletti.
Ahora bien: Si, como dice la información oficial del gobierno, se trataba de una reunión del Gobernador «con presidentes y CEOS de grupos empresarios con presencia en el país y en Latinoamérica», y no siendo la señora Calletti ninguna de estas cosas, es razonable suponer que se encontraba allí acompañando a su pareja, quien sí ostenta esta especie de «estatus» empresarial.
En efecto, se puede ver a la ministra acompañada, y muy de cerca, por un señor que viste camisa blanca y con quien aparece tomada de la mano en la «foto de familia» que publica el sitio web del gobierno de Salta en su portada de prensa.
La persona en cuestión puede ser responsable de alguna de las empresas petroleras, siderúrgicas, de marketing digital, seguridad privada, informática, comunicaciones, vitivinícola, salud o farmacéuticas que, según el gobierno, acudieron al diálogo con el Gobernador.
La pregunta que cabe formularse no es si la pareja de la ministra Calletti debió o no asistir a la reunión, puesto que como representante de una empresa privada tiene todo el derecho de hacerlo. Esto está fuera de discusión.
La cuestión estriba en saber si la presencia de la señora Calletti, no a título de ministra sino como simple consorte de un empresario o de un alto empleado de una empresa privada, no es reveladora de un conflicto de intereses o de un trato de favor. Es decir, si este acompañamiento tan glamouroso no representa un grave apartamiento de las normas de ética pública.
¿Sería lógico que otros ministros del gobierno acudieran a actos públicos con el Gobernador, no para ayudarlo a éste, sino para apoyar a sus esposas empresarias? Lo que puede estar permitido en ciertos ámbitos empresariales (privados) no lo está en el ámbito de la actividad estatal (pública).
¿Quién puede afirmar que la relación privada (sentimental) existente entre un ministro o ministra y un empresario o empresaria no condiciona en favor de estos últimos las decisiones que pueda adoptar un gobierno?
¿Por qué no estuvo presente en la reunión, pudiendo haber estado, el Ministro de la Producción, y sí en cambio estuvo la Ministra de Justicia?
No se trata aquí de sospechar ni de acusar a nadie de ninguna conducta ilícita. Que quede bien claro. Lo que no es de recibo, de ninguna de las maneras, es que se muestre a la ciudadanía un grado tan elevado de confusión entre las esferas pública y privada, como si la ministra no fuera ministra (o lo fuera cuando ella quisiera), como si el Gobernador fuese un empleado del banco y como si los empresarios fueran ministros delegados.
Conductas como esta no forman parte de la democracia ni del trato igualitario entre ciudadanos y agentes económicos. La ministra no debió estar presente en esta reunión, ni como ministra ni como pareja de empresario, porque su cometido es completamente diferente, y es su deber no dejar flecos sueltos que autoricen a pensar en cosas tan poco agradables como el trato de favor o el tráfico de influencias.
