La decisión de proceder a la demolición de la iglesia de San Francisco Solano, que resultó seriamente dañada a causa del terremoto acaecido en la ciudad de El Galpón el pasado 17 de octubre de 2015, fue adoptada unilateralmente por el Arzobispo de Salta, en contra de la opinión mayoritaria de residentes, feligreses y expertos que abogaban por reparar la iglesia antigua. El asunto se decidió en un proceso de acción de amparo, en el que el Arzobispo de Salta corría con el caballo del comisario, y que terminó en junio del año pasado con una sentencia que le daba la razón.
Pero el caso es que los gustos arquitectónicos del señor Arzobispo no serán sufragados por las siempre bien provistas arcas de la iglesia católica, sino por el conjunto de los ciudadanos de Salta, en virtud de lo que dispone el decreto 168/2017, de 1 de febrero, suscrito por el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, y que ha sido recientemente publicado por el Boletín Oficial de Salta.
La suma acordada por el Decreto -710.458,02 pesos argentinos- no es significativa sino de la pobre calidad que tendrá la futura iglesia.
Si bien la concesión de esta subvención directa -no reglada- es preocupante, por la repercusión que la cantidad prevista va a tener en las arcas del Estado, lo verdaderamente grave se concentra en dos hechos:
El primero, que a pesar de que el Arzobispo desplegó en el proceso de amparo una profusión de planos, proyectos y estimaciones (que fueron los que terminaron convenciendo al juez Teseyra de la necesidad de demoler), según el decreto 168/2017, el preceptivo informe sobre obras necesarias y sus respectivos costos, no fue efectuado por el equipo arquitectónico-contable de la Iglesia, sino por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda. Lo que, lógicamente, añade un plus de dinero público (salario y conocimiento de los técnicos que intervinieron en estas operaciones) a la cantidad concedida mediante subvención directa.
El segundo, y más sorprendente, que el gobierno de Urtubey considera «absolutamente razonable» (palabras utilizadas en la fundamentación del dercreto) que el Estado provincial contribuya con los deseos del Arzobispo (demolición/nueva construcción).
Haberlo dicho antes, porque si el destino del templo de San Francisco Solano en El Galpón era una cuestión que concernía al Estado provincial, debió de ser el Fiscal de Estado quien compareciera al proceso de amparo, en representación y defensa de los intereses de la iglesia católica, y no el Arzobispo.
La «absoluta razonabilidad» de esta entrega de dinero público no solo es sorprendente por esta circunstancia, sino porque reaviva el recuerdo de las triquiñuelas legales -la mayor parte de ellas inmorales y reveladoras de una enorme mala fe procesal- realizadas por el gobierno de Urtubey para evitar el pago de la indemnización señalada por los tribunales de justicia a la joven Vanina Yapura Alderete, sobreviviente de una horrible matanza que se produjo por un déficit de protección por parte de las instituciones del Estado que debían proteger a las víctimas.
En aquel entonces, la indemnización (curiosamente de 700.000 pesos, igual que lo que costará la nueva iglesia de El Galpón), le pareció a Urtubey y a sus funcionarios «absolutamente irrazonable», aunque al final terminó pagándola con apreciable retraso.