Según una información que publica hoy el diario El Tribuno de Salta, la Policía de esta Provincia, junto a la Policía Municipal de Tránsito y agentes inspectores de la Autoridad Metropolitana de Transporte, están llevando a cabo controles viales en la ruta 26 junto a miembros de la organización privada Pavicei, siglas que corresponden a Padres y Amigos de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables. Al parecer, la tarea de los miembros de esta organización sobre el terreno y durante los controles que realiza la autoridad pública es la de «llevar conciencia a los conductores».
Siendo este propósito socialmente útil y jurídicamente legítimo, sin lugar a ninguna duda, lo que cabe preguntarse es si los miembros de una asociación privada, que ha hecho de la lucha contra los conductores ebrios e irresponsables su bandera, pueden o deben realizar su tarea de concienciación en el mismo lugar y momento en que la autoridad pública realiza su trabajo; y si el activismo de estos concientizadores en los lugares en donde se producen las infracciones y son sancionadas no constituye una violación de los derechos fundamentales de los conductores -infractores y no infractores-, en especial, de la libertad de conciencia.
Es del caso pensar que la presencia de activistas privados en los puntos de control vial solo es posible porque el gobierno de Salta (o la Policía) los ha autorizado, por lo que cabe preguntarse también por qué motivo el gobierno -que dice respetar el derecho constitucional de igualdad ante la Ley- no autoriza también a que junto a los agentes de seguridad vial se desplieguen piquetes privados de sacerdotes, de docentes en huelga, de grupos antiabortistas, de organizaciones de gays y lesbianas, de militantes de partidos políticos o de cualquier otra organización que desee aprovechar la inmovilización forzosa de un conductor (que sufre una transitoria pérdida de su libertad ambulatoria) para concientizarlo.
Lo mismo que sucede en los hospitales públicos, en donde operan grupos ideológicos que, bajo el cobijo del gobierno, intentan influir sobre las decisiones de jóvenes mujeres internadas, el monopolio de la concientización sobre la seguridad vial y el activismo in situ suponen instaurar y garantizar una suerte de mercado cautivo en la difusión de las ideas.
Bien entendido que Pavicei es una organización de gran mérito, cuyo esfuerzo sostenido a menudo llena los graves huecos que las políticas del gobierno deja en materia de educación para la seguridad vial, no es menos cierto que la presencia de sus activistas en los lugares y circunstancias en que solo debería haber policías uniformados y controladores debidamente identificados despierta recelo -cuando no rechazo- en los conductores. Y lo que es aún peor: pone en duda su independencia, que es, en definitiva, la que le proporciona su alta autoridad.