Los salteños no ven generalmente con buenos ojos a los jueces forasteros. Los prefieren gauchos, coqueros, dóciles y bien dispuestos a asistir a copiosos asados en los quinchos más influyentes, tanto como a escuchar los famosos «alegatos de oreja». Nada más enterarse de que el Consejo de la Magistratura nacional ha propuesto para el cargo de Juez Federal de Tartagal a un señor que no ha nacido entre los churquis de nuestro agreste monte ni ha peregrinado nunca a Yariguarenda, se ha puesto en marcha una feroz maquinaria para echar abajo esa candidatura foránea, aun antes de que comience a criar raíces.
Según nos informa prolijamente hoy el diario El Tribuno, los adalides de este embate contra el candidato a juez federal son organizaciones que agrupan a desocupados del Departamento de San Martín y extrabajadores de YPF. Es decir, todos unos expertos en materia de jueces y magistrados.
Los argumentos que los desocupados esgrimen para oponerse a la designación del juez son realmente para poner en un cuadro; no tanto por su carácter pintoresco, sino más bien porque tales argumentos representan un ataque velado a la investidura del Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano que ha seleccionado al candidato, después de haberlo sometido a las pruebas que están previstas en la ley.
Dicen los desocupados del Departamento de San Martín que el «Juzgado Federal de Tartagal lo tiene que ejercer alguien que tenga una formación académica inobjetable, pero además que no haya dudas sobre su desempeño profesional». No importa lo que diga la ley respecto de los antecedentes y la formación previa. Lo que importa aquí y ahora es si la formación académica del candidato satisface o no a los desocupados del Departamento de San Martín, una especie de súperelectores de jueces. Lo que les molesta a los desocupados de Tartagal no es que el juez propuesto carezca de idoneidad sino que no puedan elegirlo ellos, a sombrerazos en una asamblea piquetera.
¿De qué herramientas disponen estos señores para evaluar la formación académica de un candidato cuya aptitud ha sido certificada ya por el Consejo de la Magistratura? ¿Qué consideran los desocupados que es una «formación inobjetable»? No hay por el momento respuestas para estas preguntas.
Argumentan los desocupados que el candidato propuesto por el Consejo tiene antecedentes profesionales deficientes, ya que registra sanciones y sumarios a lo largo de su carrera. ¿Pudo el Consejo de la Magistratura pasar por alto estos antecedentes? Es improbable.
Si nos atenemos a lo que publica El Tribuno sobre los antecedentes presuntamente desfavorables del candidato Carlos Alberto Martínez Frugoni, veremos que a la cabeza figura un sumario administrativo instruido con motivo de la desaparición de dinero en una causa judicial. En ningún momento el diario menciona el resultado del sumario. Parece evidente -teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado- que si el señor Martínez Frugoni hubiese sido declarado responsable (doloso) de la desaparición o desvío del dinero, esta es la hora que su carrera judicial se hubiera acabado haca ya tiempo.
La presunción de inocencia ampara a quienes son investigados en un sumario administrativo, de modo que sería extraño (y lesivo de derechos consitucionales) que figurar en un sumario sea considerado un antecedente desfavorable, para ocupar un cargo judicial, o para acudir a comulgar.
Otro tanto sucede con las sanciones que se dice han sido aplicadas al candidato, ya que en ningún caso se menciona si dichas sanciones son firmes o no, si han sido efectivamente cumplidas, si han prescrito, se encuentran canceladas, etc. Nuevamente, se falta aquí el respeto al trabajo realizado del Consejo de la Magistratura.
Recordar que el candidato propuesto ha quedado quinto en el concurso oportunamente convocado, por detrás de otros magistrados provinciales que se presentaron al mismo concurso, es un dato interesante, pero no significativo. La razón es que ni el diario El Tribuno ni los desocupados del Departamento de San Martín han dicho jamás ni una sola palabra cada vez que el Gobernador de la Provincia de Salta, en uso de facultades constitucionales exclusivas, ha designado como magistrado a un candidato que obtuvo la calificación más pobre en las pruebas a que fue sometido en el Consejo de la Magistratura. Si respetamos las facultades del Gobernador en este punto, respetemos también las que permiten al Consejo de la Magistratura preterir a unos candidatos y preferir a otros.
Cosas mucho más graves
Pero en la postura pública de los desocupados del Departamento de San Martín hay cosas aún más graves. La primera, la pretensión de que «nuestros senadores nacionales» tomen en cuenta la situación y le expliquen a San Martín las razones por las que pretenden darle el acuerdo.Ningún senador nacional (ni los «nuestros» ni los que no son «nuestros») deben a «San Martín» (no al Prócer, sino al Departamento homónimo) explicación alguna, por la sencilla razón de que ninguno de ellos está sometido a mandato imperativo. Y también porque la designación de un Juez Federal no es un asunto municipal de los tartagalenses, sino algo que compete a los más altos poderes de la Nación, por razones que cualquiera puede comprender. Si a los desocupados de San Martín no les gusta lo que votan los senadores nacionales por Salta, el único camino que tienen es no volverles a votar en 2019.
Y lo peor de todo: la sospecha de que el juez Martínez Frugoni, por tener o por dejar de tener antecedentes, vaya a favorecer los intereses del narcotráfico en el ejercicio de su cargo. Esto es un insulto intolerable.
Sea bueno o malo el candidato elegido, a los tartagalenses y demás habitantes del Departamento no les quedará otro remedio que «confiar en él y en todas las instituciones de la democracia».