La fiebre que parece abrasar al gobierno provincial, y a buena parte de los municipales, que se traduce en una obsesión contra reloj por la obra pública, termina por confirmar el tremendo atraso infraestructural que algunos salteños expatriados denunciaban pero que muchos salteños residentes se empeñaban en negar. Tras nueve años de gobierno con poderes omnímodos, recién ahora se le ha ocurrido a Urtubey notar que en muchos pueblos -incluida la ciudad de Salta- faltan veredas, postes de luz y cosas tan básicas como el agua potable.
¿Cómo fue posible esconder todo esto? Muy simple. La tecnología blanda de comunicación kirchnerista nos convenció (o intentó convencernos) de que la asignatura pendiente de la democracia eran los «derechos» de ciertas minorías «vulnerables», y confundió así progreso con la ideología. De resultas de esta operación, algunas comunidades conquistaron primero el matrimonio gay que las cloacas. Muchos que sentían la necesidad de las dos cosas, hubieran preferido antes la segunda que la primera.
Ahora que Macri le ha dado la vuelta al calcetín, nuestro «orgullo» por los derechos conquistados se da de bruces con una realidad que nos muestra tal cual somos: pobres.
Si antes el dinero se repartía para consolidar los beneficios de la ideología, ahora se reparte para intentar que haya luz en los callejones oscuros. No está mal, pero esto no quiere decir que estemos haciendo las cosas como se debe.
Dicho en otras palabras: la misma mano que firma la promulgación de la ley de «paridad de género» en las listas electorales es la que suscribe los convenios para que el gobierno nacional pueda llevar vacunas a los hospitales.
En cualquier parte del mundo, la obra pública postergada supone un fenomenal revulsivo para el empleo y una inyección de vitalidad formidable para las economías deprimidas. Pero en Salta -con un sistema sociolaboral y fiscal regresivo, diseñado al milímetro para favorecer a las elites- la obra pública, cuando concluya, no dejará otra cosa más que pobres; quizá mejor iluminados, pero pobres al fin y al cabo.
Por promocionar los derechos de los más vulnerables (por ejemplo, los «trans») el gobierno se ha olvidado de ayudar a las personas necesitadas de bienes básicos que no pueden adquirir en el mercado. Se ha olvidado de los jóvenes que no pueden acceder a un empleo, de los adultos que los pierden, de las familias que tienen varios de sus miembros en la escuela, de los que trabajan (a veces en dos o tres lugares), de las mujeres que solas llevan adelante una familia y no les alcanza para llegar a fin de mes. Solo están contentos los que han podido rascar algo en el tironeo del egoísmo y de la insolidaridad. En la gran piñata, algunos pueden pillar un par de anteojos o una prótesis dental, pero esto no alcanza. Hacen falta rentas y prestaciones estables.
Gobernador e intendentes han hecho a nuestras ciudades las más «inclusivas» del planeta, pero con unos niveles de pobreza tan alarmantes que hay que agradecer a Dios que en el hemisferio en que nos encontramos no se produzcan huracanes o tormentas tropicales. A pesar de que El Tribuno dice que sí se producen «tifones».
La obra pública como único sustento ético del gobierno es una muleta, o una silla de ruedas. No cura, pero ayuda a salir de la postración. Si en 2019 no están concluidas las obras que hoy que se prometen como vitales, pero que deberían haber sido hechas hace treinta años, Urtubey desaparecerá de la escena política y pasará a la historia como un gran charlatán. Ocurrirá otro tanto de lo mismo, cualquiera sea el nivel de concreción de las obras, si la corrupción acaba acaparando los recursos que debieron destinarse a las necesidades de los ciudadanos.
En resumen, que la secuencia histórica debió ser exactamente la inversa. Urtubey debió empezar por construir autopistas decentes y pavimentar los pueblos rústicos, y terminar su mandato abrazando la causa de los pueblos originarios, entre otras que más o menos nos abocan a la poesía.
Es decir, que antes de darles «derechos», debió darles cemento. Ahora ya es un poco tarde.