El Diccionario de la Lengua Española define el verbo «gobernar» como la acción de «dirigir un país o una colectividad política». Salta es claramente una comunidad política, cuya dirección corresponde -no a un ente colegiado, como sucede en otras latitudes- sino a un órgano unipersonal, que ejerce, sin compartir con nadie, la totalidad del poder ejecutivo de dicha comunidad, con el título de Gobernador de la Provincia (artículo 140 de la Constitución de Salta).
El mismo precepto constitucional atribuye al Gobernador de la Provincia, no solo la potestad de «dirigir» las políticas de la Provincia, sino también el deber de «formularlas», algo que inmediatamente remite al debate doctrinal acerca del papel que en la formulación de las grandes orientaciones políticas del Estado tiene la representación de los ciudadanos reunida en las dos cámaras de la Legislatura provincial.
Por cuestiones que sería muy largo y complicado analizar aquí, los ciudadanos de la Provincia de Salta ignoran completamente cuáles son las políticas que formula el órgano de gobierno. Conocen, eso sí, a medias, decisiones concretas, detalles difusos, criterios más o menos aislados, pero no las líneas maestras de las políticas, que otros gobiernos del mundo se esmeran por comunicar a los ciudadanos, tan pronto como comienza un mandato o, en su caso, cuando se inicia un año parlamentario.
Esta carencia fundamental se ha intentado muchas veces llenar con apelaciones más o menos difusas a lo que diferentes responsables políticos salteños denominan, con una llamativa imprecisión conceptual, «políticas de Estado».
En Salta, y para algunos, estas políticas no son esos objetivos amplios e inamovibles que persigue la acción de gobierno como resultado de su previo debate y acuerdo con la totalidad de las fuerzas políticas, sino simplemente unos criterios aislados y particulares que define el Gobernador (o que califica así el ministro de turno) sin debatirlo más que consigo mismo.
Las dificultades que vienen impuestas por la necesidad de acordar tales políticas con todas las fuerzas de la oposición, sin excluir a ninguna, determina que en los países con democracias avanzadas las llamadas políticas de Estado se cuenten con los dedos de la mano. No puede haber políticas de Estado para cualquier cosa, porque si algo como esto ocurriera, desaparecería la política y la democracia sería impracticable.
En Salta, sin embargo, si nos dejamos llevar por las declaraciones de algunos altos responsables, hay cientos de ellas. Casi cualquier nimiedad es considerada política de Estado, lo que significa, entre otras cosas, que el asunto es sustraído del debate político cotidiano. Es decir, que se prohíbe discutir sobre él, porque se supone que se trata de un objetivo trascendente e irrenunciable del Estado. Una forma muy cómoda pero bastante poco ingeniosa de anular el disenso y ahogar el debate democrático.
El asistencialismo de nivel micro
Sin embargo lo que más preocupa de la forma en que el Gobernador de Salta dirige políticamente la comunidad que lo ha elegido es el alcance, cada vez más reducido, de sus actuaciones.Ni el Gobernador ni sus colaboradores saben lo que es (probablemente no han visto uno en la vida) un plan maestro o director de alcance general, con un ámbito personal definido y con un horizonte temporal de medio o largo alcance. No lo hay ni para la educación, ni para la salud, ni para la seguridad, ni para los recursos naturales, ni para el urbanismo, ni para cualquier otra área de política sustantiva. Si por alguna casualidad llegara a haberlos, el ciudadano los ignora por completo y, al ignorarlos, se le impide de hecho evaluar las políticas del gobierno y a sus gobernantes, así como exigirles a estos que los cumplan.
En Salta, los planes de gobierno generales son reemplazados en la práctica por soluciones minúsculas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de quien tiene alguna capacidad para levantar la voz en determinados contextos. El gobierno contrapone así su obligación de gobernar para todos, en interés del conjunto social, con su cada vez más acusada propensión a «ayudar al vecino». Una especie de «next door government».
Lo cual no sería un problema si existiera una ley, general y abstracta, que estableciera con claridad cómo deben gestionarse y otorgarse estas ayudas; y si al mismo tiempo hubiera una forma de articular las soluciones pequeñas con las más grandes. Pero al no haberlas, el gobierno tiende a utilizar los recursos públicos pensados para su empleo racional y equitativo con una manga ancha que es propia de las antiguas organizaciones de beneficencia, más que de los modernos estados del bienestar.
El gobierno que dirige (y encarna) el gobernador Juan Manuel Urtubey ha adoptado la costumbre de ayudar al «vecino» que hace ruido en las redes sociales; lo que significa condenar a los silenciosos a engrosar las interminables listas de espera.
Haciendo de la necesidad virtud, el gobierno de Salta consigue hacer pasar su impotencia por acierto, ya que cuando el ruido mediático alcanza unos ciertos niveles críticos, al final sale el Gobernador en persona, como moderno rey mago, a dar las soluciones concretas que los necesitados esperan, haciendo una gran alharaca de lo que debería ser un acto normal de su administración. Una especie de gobierno on demand.
Con esta estrategia de corto alcance, el gobierno aspira a alcanzar dos objetivos fundamentales: (1) a tener (o a presumir de) la misma flexibilidad operativa de las organizaciones no gubernamentales que persiguen una finalidad social; y (2) a disfrutar, como estas, de un reconocimiento y de una consideración social que contribuya a mejorar su imagen frente a los ciudadanos.
Por lo general, no consigue ni lo uno ni lo otro, por cuanto la mayoría de los funcionarios del gobierno (activistas con escasa formación devenidos súbitamente en gestores de recursos públicos) reaccionan a espasmos y carecen de la agilidad y de la eficacia necesaria para atender incluso las necesidades sociales más básicas y acuciantes de las personas.
Y también por el hecho de que los ciudadanos -excepto casos muy marginales- no ven el asistencialismo gubernamental como un avance frente a las políticas de seguridad social basadas en leyes claras, objetivas, preexistentes y respetables, sino más bien como un retroceso preocupante, no solo en tecnología de intervención social sino también en calidad democrática.
La dignidad de las personas
Con todas estas herramientas, el gobierno de Salta termina traficando con la dignidad de las personas necesitadas, lo cual supone un daño bastante más grave y preocupante que el simple hecho de incumplir el mandato constitucional que ordena formular políticas generales.Confundir la dirección política de la sociedad con el asistencialismo a la carta y los parches casa por casa comporta rebajar el estatus de los ciudadanos al de simples clientes necesitados del Estado, cuyo derecho a la participación se agota en la petición de auxilio y se traduce, por lo general, en un voto cautivo que termina por cerrar el círculo de la siniestra operación de fidelización de la pobreza.