Mientras el Gobernador de la Provincia disfrutaba de su luna de miel en el suave otoño romano, previo paso por Venecia, millones de televidentes franceses (y la opinión pública salteña) escuchaban con espanto las sinceras palabras de un juez jubilado: «la justicia de Salta no es independiente». Fue precisamente el argumento de la sagrada independencia de los poderes el que Urtubey y sus ministros opusieron una y otra vez para negarse a ayudar a Jean-Michel Bouvier en su empeño de encontrar, enjuiciar y encarcelar a los verdaderos culpables de la violación y asesinato de su hija y de su amiga.
Por no poder, Urtubey tampoco podía levantar el teléfono y pedirle al presidente Macri que reciba en su despacho al padre francés, que en su día fue escuchado pacientemente por la presidenta Kirchner.
Con una estampita de Montesquieu en el bolsillo, Urtubey negó una y otra vez que pudiera hacer nada para que los fiscales se decidieran a investigar lo que queda por investigar en el escandaloso caso de las turistas francesas.
Pero Pucheta, un juez que seguramente sabe más por diablo que por viejo, puso las cosas en su lugar y dijo sin apenas despeinarse que la justicia de Salta (un ámbito de poder que él conoce mejor que cualquiera) no es independiente; esto es, que es dócil a las presiones del poder político y de los poderes fácticos ocultos que operan en el seno de la sociedad salteña.
No pasaron más que unos pocos días para que Urtubey, cerrado a la evidencia en el caso de las turistas francesas, nos descubriera que él puede -si así lo decide- interferir en la justicia promoviendo un juicio de destitución a una fiscal que ha sacado los pies del tiesto. Por aplicación del principio jurídico de que quien puede lo más también puede lo menos, Urtubey confirma con este gesto que si él quisiera, sería suficiente una llamada telefónica al Procurador General (al jefe de los fiscales) o al presidente de la Corte de Justicia, para que los falsos indígenas le restituyan la finca a Huberto Bourlon, o bien para que algún fiscal se decida a investigar los ADN huérfanos hallados en Francia, o algún juez diga que Santos Clemente Vera no participó en los hechos por los que ha sido injustamente condenado.
Esto quiere decir, sin necesidad de mayores interpretaciones, que la independencia de los poderes en Salta funciona según la cara del cliente. Mientras el gobierno no se encuentre concernido por alguna investigación judicial, mientras no haya un poderoso sospechado de graves delitos, el barón de Montesquieu está sentado a la derecha del Señor del Milagro; pero si las cosas son diferentes, y si de una causa judicial se pueden derivar responsabilidades políticas, morales y penales para miembros vigentes o exmiembros del gobierno, Montesquieu está sentado a la izquierda de Gustavo Lasi.
Esa forma de entender los principios fundamentales de la república tiene un nombre que Jean-Michel Bouvier pronuncia muy bien en su lengua natal: inseguridad jurídica.
Si la voluntad del Gobernador, plasmada en una instrucción a sus subordinados, puede terminar con la destitución de un alto magistrado del Estado, es que, con independencia de la finalidad que se persiga, en nuestra Provincia no hay garantías para la tutela judicial efectiva de los derechos y las libertades de las personas. Y que no hay razones para no sospechar que la misma influencia gubernamental no se está usando o se ha usado para impedir que los verdaderos culpables de la violación y asesinato de las turistas francesas sean alcanzados por el largo brazo de la Ley.