
Pero estos señores (creo que señoras no hay ninguna en las provincias de la región) tienen otros méritos, como por ejemplo el de haberse animado a dar vida a un órgano fantasma, como ése al que han llamado Parlamento del NOA, en donde no solo se discuten sino que -y esto es lo verdaderamente llamativo- también se resuelven temas que ni siquiera entran dentro de las competencias constitucionales de las provincias que lo conforman, como el Código Penal o las relaciones internacionales del Estado argentino; y hasta conflictos tan alejados de nuestros valles como el que enfrenta a palestinos e israelíes.
Ahora, como quien coloca la guinda a un pastel piramidal cubierto por la rancia crema del desatino, los Vicegobernadores han salido a la palestra con la majestuosa idea de fundar el Mercado Común del NOA. ¡Vaya, por Dios!
Es verdad que se han cuidado bien de decir en qué exactamente va a consistir este nuevo engendro, pero tienen en su contra que hay libros bastante enjundiosos y personas medianamente sensatas y estudiosas que saben muy bien en qué consiste un mercado común, cuál es su finalidad y cuáles las condiciones políticas y económicas que lo hacen aconsejable.
Como el que suscribe no es una de esas personas sensatas sino más bien, y a lo sumo, un febril, aunque superficial, crítico del empleo de las palabras en la comunicación política, no será posible leer aquí una crítica razonada y profunda a esta iniciativa tan absurda, y sí en cambio algunas frases sueltas, capaces -espero- de poner de manifiesto con cierta claridad que a estos Vicegobernadores se les está yendo un poco la olla en su intento de evitar que la historia los engulla y entierre envueltos en esa pátina de mediocridad que viene adherida a su ADN político como el molusco se halla unido a su valva.
Un tal 'Mercado Común del NOA', más allá de cualquier consideración jurídico-constitucional, supondría la ruptura de la unidad de la Nación. Así de claro. Y ello, por varias razones
La primera de ellas es que quienes fundaron este país, allá por mediados del siglo XIX, quisieron hacer de unos territorios pendencieros, mal avenidos y peor comunicados una sola nación, especialmente en materia económica. Es decir, quisieron crear, por debajo del pacto federal y de los acuerdos políticos, un solo mercado nacional, allanando todas las barreras para el libre intercambio de bienes y servicios, que hasta entonces entorpecían el comercio entre las Provincias y sin cuya eliminación el nuevo país hubiera sido del todo inviable.
Para formar aquel espacio económico único en un país formalmente federal y sujeto por ello mismo a ordenamientos jurídicos plurales y superpuestos, echaron mano del concepto de unidad de mercado, que, en lo esencial, consiste en someter a los territorios unificados a las mismas leyes mercantiles, a las mismas leyes que regulan el derecho de propiedad, a los mismos impuestos, a los mismos pesos y medidas, y, especialmente, a la misma moneda y a la misma regulación bancaria.
No quisiera abundar en citas legales, pero a cualquiera (no digo ya a los economistas, que no entiendo por qué no han saltado hasta el techo con esta noticia) le bastaría, para darse cuenta de ello, con leer los artículos 9, 10 y 11 de la Constitución de 1853, que rige hasta nuestros días.
Un mercado común no es otra cosa que un espacio formado por unidades territoriales diversas que acuerdan, básicamente, suprimir las barreras (tarifarias y no tarifarias) para el libre comercio. Repárese, por tanto, en lo absurdo que es pretender crear un mercado común entre unidades territoriales en las que, por imposición constitucional, tales barreras no existen.
Lo que me tranquiliza -y así, como a mí, a muchos otros- es pensar que del mismo modo que el Parlamento del NOA, a pesar de su pomposo nombre, es en realidad un ente sin forma, sin fuerza, sin capacidad de legislar (afortunadamente) y sin futuro, así de inane será el Mercado Común del NOA.
Porque para crearlo, o mejor dicho, para que funcione, pocas dudas caben acerca de que las Provincias deberían crear aduanas comunes que graven la entrada al 'mercado común' de bienes procedentes de Córdoba, de Santa Fe o del Chaco. Y esto no es posible, porque el artículo 126 de la Constitución no lo permite; a menos, claro está, que el Congreso Nacional lo autorice. Y la probabilidad de que el Congreso consienta una cosa como ésta es ciertamente muy remota.
Lo que de verdad me gustaría es que los ciudadanos de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca, de Santiago del Estero y de La Rioja se dieran cuenta que con sus impuestos están manteniendo a unos Vicegobernadores que, a falta de mejor cosa para hacer, dado que sus competencias políticas son casi nulas, han instalado una fábrica de sueños que, entre otras cosas, les permite asistir a comidas opíparas y a ocupar amplios espacios en los diarios y en las webs, pero que en la práctica realidad es tan inútil y tan poco necesaria que no justifica que nadie, ningún ciudadano, de ninguna Provincia, ponga un centavo para mantenerla.