Cualquier ciudadano-consumidor puede llegar a suponer que cuando es el Estado quien se pone a vender pescado en las calles, el género no solo es de buena calidad, y buen precio, sino que ha sido tratado con el máximo respeto de las normas sanitarias y de consumo vigentes. Aquel que compra en la calle pescado vendido por el Estado obra con la misma confianza cívica del que acude a un centro público de salud a donde está seguro que le pondrán una vacuna legítima y no le inyectarán agua destilada con un poquito de talco, y que será tratado por profesionales de la asepsia, que cuentan con varios cientos de horas de aprendizaje y miles de práctica en el oficio, y no por unos aficionados que acaban de palear en un estercolero.
Cuando alguien recibe una vivienda pública, el gobierno normalmente no anuncia a los cuatro vientos que la casa ha sido construida siguiendo todas las normas de edificación vigente -porque se supone que así ha ocurrido- y que los que la han construido poseen todas las licencias y permisos que se requieren para cavar cimientos, encofrar encadenados y colocar techos.
Si la intervención directa del Estado normalmente exime de comentar las bondades o las regularidades de las prestaciones que otorga, no se explica de ninguna forma que la Municipalidad de Salta se haya tomado la molestia de anunciar a los potenciales compradores de 'Pescado para Todos' lo siguiente:
«Todos los productos se presentan envasados al vacío, sin contacto, respetándose todas las normas de seguridad e higiene y las condiciones sanitarias que establecen las normativas. Los envases están rotulados, presentando toda la información necesaria sobre los alimentos (...) la mercadería cuenta con todas las habilitaciones para el tránsito requeridas; las personas responsables de la venta cuentan con libretas sanitarias y curso de manipulación de alimentos; y los vehículos poseen los equipos de frío más potentes del mercado».
Sobre el respeto de la normativa, hay que tener en cuenta que -adaptando todo a sus circunstancias- la venta de pescado por el Estado se halla amparada también por la presunción de legitimidad que protege y confiere una eficacia primigenia a los actos de los poderes públicos. Es decir, que todos los ciudadanos podemos y debemos presumir (salvo prueba en contrario) que el Estado vende pescados dentro de la Ley y no fuera de ella.
Estaría bueno que el Estado no respetara todas las normas de higiene y seguridad; es decir, que la Municipalidad, en vez de utilizar un transporte climatizado de última generación, trasladara por los caminos de la patria a las merluzas y los calamares en un camión choclero, a 38 grados centígrados, tapados por una lona de transporte y manipulados por unos operarios uñudos y poco aseados.
Lo menos que se puede esperar es que el Estado pescadero informe al consumidor exactamente qué es lo que se va a llevar al estómago, y que le dé seguridades mínimas de que el pescado ha sido conservado y manipulado de manera correcta y por las personas adecuadas.
La foto
Sin embargo, la foto que ha difundido la Municipalidad de Salta dista mucho de transmitir la imagen impoluta de un quirófano suizo que aquel párrafo insinúa.
En la instantánea, a la izquierda, se puede apreciar algunos pescados boqueantes metidos en una bolsa cuya densidad plástica recuerda mucho a las que se utilizan para la disposición de residuos; sin vacío ni atmósfera protectora alguna, como las que aparecen en otras fotografías nacionales de 'Pescados para Todos'.También se puede ver a un vendedor ataviado de Adidas que manipula el género a mano pelada, mientras que otro, en vez de rebuscar entre agallas y escamas, echa mano a los escurridizos billetes de una caja de caudales que ha sido instalada en el mismísimo lugar en el que se embolsan los pescados para su entrega al público consumidor.
En la imagen, el único que cumple con la normativa vigente en materia de seguridad es el azorado motociclista que aparece al fondo y que observa con atención la transacción pescaderil detrás de la visera de un prolijo casco con el que espera evitar esos molestos «politraumatismos variados» que suele diagnosticar la Policía tras un «siniestro vial».