Que Salta es una Provincia muy mal gobernada es un secreto a voces. Lo que sin embargo llama más la atención es que, además, los desequilibrios del Estado salteño son cada vez más profundos y contrarios a la lógica. ¿Alguien puede explicar por qué un Estado que se ve obligado a recibir donaciones de medicamentos para los centros de salud más pobres y desasistidos, al mismo tiempo exhibe una política tan activa de donaciones de tierras fiscales a clubes deportivos y asociaciones de élite?
En qué quedamos. ¿O el Estado es pobre (porque los impuestos que recauda no le alcanzan para cumplir con sus fines) y necesita del auxilio solidario de sus ciudadanos (como si la sociedad civil fuese una gigantesca cooperadora asistencial), o al revés, nuestro Estado es tan opulento que se da el lujo de regalar enormes cantidades de tierra a organizaciones como la Iglesia Católica, que figura entre los mayores propietarios inmobiliarios del mundo?
Dicho en términos un poco más prácticos: Si faltan medicamentos y elementos básicos para atender la salud de los pobladores de Orán ¿por qué el gobierno regala terrenos a un club de rugby de Tartagal?
¿No sería más práctico que en vez de regalar los tierras fiscales, el gobierno las vendiera o las arrendara a estos clubes pudientes para poder así comprar los medicamentos que faltan y los alimentos que necesitan los niños de las comunidades más deprimidas?
En ciertos contextos, lo lógico y lo razonable no da votos. Y esto es lo que ocurre en Salta y es lo que saben a la perfección los que gobiernan. La pobreza es una fuente infinita de votos dóciles y manipulables, como también lo es -aunque menos- la demagogia que se practica con los bienes que son de todos y que se asignan a una clases medias con alguna capacidad de chantaje.
La lógica indica que solo regala sus bienes aquel que puede hacerlo. Es decir que si el Estado salteño viene practicando esta política de regalos selectivos es porque su situación patrimonial se lo permite. Jamás al revés.
Si esto es realmente así, habría que pensar si una política medianamente inteligente y coherente de gestión patrimonial no ayudaría de forma sustancial y hasta decisiva a combatir la pobreza estructural, llevando los recursos públicos allí donde estos son necesarios, de forma directa y sin intermediarios.
La esperanza de que un club de rugby de Tartagal obre el milagro de acabar con la pobreza es vana y poco práctica. Algo parecido se puede decir de la muy respetable, aunque también muy conservadora, Iglesia Católica, o aun de aquellas organizaciones, como el Círculo Médico de Salta, que representan -y en buena hora que lo hacen- intereses puramente sectoriales.
Si la prodigalidad del Estado es posible gracias a las leyes que sanciona una legislatura blanda, que baila al compás de la música que toca el gobierno, lo suyo es pensar en reformar la Constitución de la Provincia para que la cesión de las tierras fiscales sea decidida en cada caso por referéndum y que la decisión se encuentra sujeta a rigurosos criterios de utilidad pública e interés general.