Aunque en Salta pasan cosas muy extrañas, no me imagino por ejemplo a un juez de la Corte de Justicia, al jefe de la Auditoría General o al mismo Procurador General de la Provincia regalando jeringas, gasas y antisépticos a los centros de salud que dependen del gobierno.
Conozco personalmente al menos a dos directores de estos centros (una directora y un director) que ni bajo tortura aceptarían una donación de medicamentos de una fundación privada, a menos que dichos medicamentos vinieran certificados, como corresponde, por la autoridad ministerial de la que dependen.
Pero seguramente habrá otros a los que les gusta despachar a un paciente dolorido diciéndole por lo bajo: «Recuerde que este Diclofenac que le administro es gentileza del diputado Puca y de su infinita solidaridad inclusiva. Tómese uno cada ocho, a la salud de nuestro espléndido benefactor».
Rarezas como esta hemos visto antes, pero muy pocas veces hemos sabido de un director de centro de salud responsable que diga que solo trabaja con los materiales que el gobierno le proporciona, porque es del gobierno (y no de las fundaciones privadas) de quien depende la calidad de la salud pública.
Pienso, sin embargo, que este tipo de abusos contra la buena fe de las personas necesitadas son posibles en Salta gracias, en parte, a que los legisladores se consideran a sí mismos una especie de cogobernadores o cointendentes, según qué tan extenso sea el espacio territorial que abarquen con sus aventuras.
Y esto no es verdad. Si bien nuestra constitución atribuye al Poder Legislativo una facultad genérica de «gobierno», cualquiera sea la extensión o el carácter de esta facultad (no voy a entrar en ello), jamás podría ejercerla un legislador a título individual ni una pluralidad de legisladores que no exprese la voluntad de la cámara a la que pertenece, por los procedimientos constitucionalmente previstos. Con mayor razón no pueden ejercer funciones de gobierno aquellos legisladores que se cobijan bajo el paraguas de una fundación privada.
Podrán decir algunos: «¡Y bueno! ¡Al fin y el cabo un senador es un político!». Pero también es una mala lectura de nuestras normas y una deformación perniciosa de nuestras instituciones.
Un político está obligado buscar seguidores y adeptos con armas limpias, con argumentos, con inteligencia y con transparencia ideológica y financiera; es decir, no regalando cocinas de dos hornallas a los pobres o remedios a los hospitales, ni organizando en sus pueblos fiestas del Día del Niño. Eso tiene un nombre y se llama demagogia.
El argumento de «nosotros queremos ayudar» es muy débil. Casi indigno. Si fuese un argumento creíble, en los quirófanos, en vez de cirujanos, anestesistas e instrumentistas expertos, a sueldo del gobierno, habría entusiastas de fundaciones privadas. Y hasta una hinchada en las tribunas. Y en las escuelas, además de maestros, habría una retahíla de improvisados deseosos de «enseñarle cosas» a nuestros niños. Todos queremos ayudar, pero cada uno desde la responsabilidad que le toca y no invadiendo competencias ajenas.
Cuando quien cae en esta horrible tentación es un hombre o una mujer elegidos para hacer, o mejor dicho, para participar en la hechura de las leyes que nos rigen, el asunto todavía es más peligroso, porque esa mano dadivosa, populista y segura es la misma que tiene firmar las normas más importantes de la sociedad.
Y entonces nos acordamos de Montesquieu y de su famosa frase: «No hay que tocar las leyes más que con manos temblorosas». Lo cual, constituye toda una invitación a la ciudadanía a elegir para los cargos legislativos a las personas más sensatas y prudentes, y no a los pródigos, a los veletas y a los demagogos.
De Montesquieu, igual que de Santa Bárbara, no conviene acordarse solo cuando truena, sino todos los días. La frase no es mía sino que fue pronunciada (con algunas variaciones) por el gobernador Urtubey el 10 de diciembre de 2007, ante una asamblea legislativa integrada por 83 potenciales donantes de medicamentos.