Hace un año, más o menos para estas mismas fechas, el senador provincial por Orán, señor Pablo González, electo en las listas del Partido Renovador de Salta, difundió una fotografía suya junto a un niño en silla de ruedas.
La difusión de esta fotografía provocó la lógica repugnancia, tanto por la utilización de un menor de edad con discapacidad para la propaganda política, cuanto por el hecho de que lo que debió ser un acto desinteresado -la donación de la silla de ruedas- fue convertido por el senador González en una ocasión propicia para sacar a pasear su «solidaridad» con los más necesitados.
Al parecer, el legislador no ha aprendido la lección y un año después ha vuelto a la carga con sus donaciones y con sus fotografías alusivas en los medios de comunicación. Esta vez su generosidad no ha estado enfocada hacia la niñez con discapacidad sino hacia los centros de salud (públicos) de la ciudad de Orán, a los que el espléndido senador ha regalado medicamentos, con la misma ancha libertad que si se los hubiera regalado a una clínica privada.
Lamentablemente, la información que el mencionado legislador ha difundido para que todo el mundo conozca su desinteresada liberalidad no dice si los medicamentos donados han sido pagados con dinero propio del senador González, en cuyo caso sería muy bueno saber a cuánto asciende en pesos la cantidad de medicamentos donados.
Lo que parece más seguro es que la donación ha sido instrumentada por una fundación privada (llamada Fundación Argentinidad), cuya relación con el Estado salteño es desconocida, aunque se presume que tiene vínculos con el senador Pablo González.
El problema no está en donar bienes al Estado para el cumplimiento de fines sociales, como por ejemplo la atención a la salud, sino en el hecho de la libérrima elección del legislador (o de la fundación) del donatario, algo realmente inusual en un gobierno democrático. ¿Por qué motivo un funcionario público dona bienes a los centros de salud de Orán y no a los de Rosario de Lerma? ¿Qué criterios legales, objetivos, transparentes e igualitarios ha aplicado este señor para que su donación vaya a parar a unos centros de salud y a otros no?
Seguramente hay en Salta una norma jurídica que regula las donaciones al Estado y seguramente esta norma no autoriza al donante a elegir el destinatario de su donación ni los fines a los que se aplicarán los bienes donados. Es el gobierno, a través de los ministerios correspondientes, el que tiene que decidir a qué políticas en concreto va a aplicar la donación.
Que la elección de los centros de salud pública de Orán haya sido efectuada por el senador González no es otra cosa que un avasallamiento de la división de poderes que establece la Constitución de Salta, y una inadmisible interferencia de un miembro del Poder Legislativo en las políticas que, por mandato constitucional, solo competen al Poder Ejecutivo.
Por otra parte, la irrupción de un legislador como protagonista de una donación de estas características solo contribuye a desdibujar el rol del Poder Legislativo, en la medida en que hace creer a los menos informados que los legisladores provinciales deben ocuparse también de atender con donaciones el funcionamiento de los centros de salud.
Los legisladores han sido electos para elaborar las leyes y no para calzarse el traje de Reyes Magos, pues el que haya o no medicamentos en los centros de salud que dependen del gobierno provincial es un asunto de exclusiva competencia del ministro correspondiente. Solo este funcionario está legalmente autorizado a proveer de medicamentos a los centros, y sería una tamaña irresponsabilidad que a alguien se le ocurriera que cualquiera -y un senador provincial es un «cualquiera»- pueda elegir qué tipo de medicamentos se han de donar; es decir, decidir por las suyas los principios activos, la presentación, las dosis, etc., etc.
Pero con tal de sacarse la foto, el senador González es capaz de esto y de mucho más. Su donación puede que sea útil pero no puede ser más demagógica y vergonzosa. Si los centros de salud de Orán deben mejorar su atención -algo de lo que pocos dudan- no es el senador González el funcionario legalmente habilitado para lograr este objetivo, a menor que esa mejora provenga de la sanción de leyes. Y este, claramente, no es el caso.
Lo más lamentable de todo es que el gobierno parece aplicar el viejo refrán «a caballo regalado no se le miran los dientes» y como en aquellas épocas en que empresarios evasores regalaban pollos vencidos a los institutos de menores, ahora parece que cualquiera puede regalar anteojos, dentaduras postizas, sillas de ruedas, medicamentos y otros bienes cuya selección, administración y empleo son críticos, como todo el mundo sabe.
Un buen día aparecerá un legislador regalando pistolas y armas largas a la Policía, como si fuese la cosa más normal del mundo, sin controles de ninguna naturaleza.
Bien haría el gobierno provincial en tener un criterio selectivo a la hora de aceptar donaciones y prohibir la solidaridad sectorial, pues su protagonismo y responsabilidad en materia de políticas sociales y de ayudas a la población vulnerable quedaría en serio entredicho.
Y el Poder Legislativo debería ocuparse de que sus miembros, que han sido elegidos para elaborar las leyes, se pasen las normas por donde más les convengan y que actúen como si el Estado salteño fuese la cooperadora benevolente del cuerpo de bomberos.