Vaya por delante que no tenemos interés en poner en duda, ni por un minuto, el desinterés, la solidaridad y la sensibilidad social de que pudieran estar haciendo gala los integrantes de la Fundación Saravia Olmos en relación con el programa del gobierno que tiene por objeto proveer de anteojos de receta a niños con problemas de visión. Tampoco queremos poner en tela de juicio de la honradez de nadie, porque partimos del convencimiento de que todos los aludidos en el presente escrito obran de buena fe y con apego a la Ley, salvo demostración en contrario.
El problema no es este, sino la forma que el gobierno tiene de comunicar cierto tipo de noticias.
En un despacho publicado este mediodía el gobierno de Salta se nos hace saber que el Ministro de Salud Pública, señor Oscar Villa Nouguès «destacó el trabajo que desde el anonimato realiza esta fundación».
Desafortunadamente, si los señores y señoras de la Fundación Saravia Olmos querían que su contribución a la salud visual infantil fuese totalmente anónima, ha venido el ministro Villa Nouguès y les ha arruinado el plan. Y bien arruinado.
La pregunta que hay que hacerse es ¿quién tiene razón? ¿el ministro que destaca el anonimato de alguien cuyo nombre pronuncia a continuación o la fundación que pretende mantenerse anónima cuando, al parecer, realiza una tarea que debe ser públicamente visible y evaluable por los ciudadanos?
En materia de derechos sociales, el gobierno puede recibir donaciones anónimas y luego entregarlas de forma no anónima a las personas necesitadas. Pero no puede apoyarse en una organización privada para encargarle hacer «estudios específicos» en un terreno de salud tan delicado como lo es la Oftalmología, sin que el que realiza dichos estudios asuma una responsabilidad, tanto política como deontológica, frente a los ciudadanos y los pacientes, respectivamente.
El anonimato en estos casos es sinónimo de opacidad y potencial generador de sospechas.
De todas formas, como la información del gobierno es tan mala y tan sesgada, no es posible saber con exactitud qué tipo de «articulación» es la que mantiene con la organización privada.
Sería desde luego muy interesante saber por qué razón el gobierno ha elegido a esta fundación en particular para llevar a cabo esta tarea y por qué motivo no ha elegido a otras organizaciones o a otros gabinetes médicos para la misma tarea. Convendría saber, en consecuencia, qué criterios (administrativos o técnicos) se han empleado para elegir a la entidad colaboradora y si estos criterios son respetuosos del derecho fundamental a la igualdad. En esta línea, sería muy útil saber, por ejemplo, si se ha convocado a un concurso, y si existe un instrumento legal que confiera soporte jurídico a la colaboración.
Sería conveniente saber, por último, por qué motivo, razón o circunstancia, en la atención diagnóstica o terapéutica de los niños pequeños con problemas de visión no intervienen los profesionales del hospital público y qué papel se ha reservado a estos en el programa gubernamental correspondiente.
Pero aunque la información sea insuficiente o de mala calidad, lo menos que se puede esperar que esa colaboración entre el Estado y una fundación privada sea transparente; es decir, que no haya áreas oscuras, protegidas, por ejemplo, por el anonimato.
Si el ministro destacó el anonimato y no el desinterés, es razonable suponer que la relación entre el gobierno y la fundación, además de ser una relación reservada (incompatible con naturaleza pública de las prestaciones y con los estándares de transparencia) es una relación interesada. Y si este interés existe, es razonable también que los ciudadanos lo conozcan, para saber qué les cuesta a ellos que los niños pequeños de Iruya, Payogasta, Morillo, Guachipas, Nazareno, Santa Victoria Oeste, Salta y Molinos tengan sus primeros anteojos.
Insistimos: Si en la actividad conjunta entre gobierno y fundación no existen áreas oscuras, lo mejor para acompañar bueno es una comunicación sin sombras, sin fisuras y sin lugar para las suspicacias.
Y en este caso en particular, quedan muchas dudas, que, en beneficio de todos, convendría aclarar convenientemente.