Desde que el neoconservador Urtubey cambió las reglas a su antojo, la Policía de Salta ha dejado de ser una institución que ejerce una de las funciones más básicas del Estado (la tutela del orden público) para pasar a ser un «servicio», enfocado y gestionado con criterios filosóficos propios de la economía privada. Gracias a esta particular visión, la Policía de Salta ha recibido en estos días una distinción que es más propia del «empleado del mes de los McDonald's» que de una institución con casi doscientos años de existencia, con una importante solera histórica y de la cual depende la supervivencia del Estado.
Se trata de un «diploma de reconocimiento a la gestión de calidad por el buen desempeño, por sus sistemas de enfoque en el usuario y el desarrollo del personal».
Pero no es cualquier diploma, puesto que su concesión está relacionada con las previsiones de la ley nacional 24.127, sancionada en 1994, con el objetivo de promover el desarrollo de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la Calidad en los productos y servicios, a fin de fomentar la modernización y competitividad del sector empresario.
Aunque no se conocen los motivos precisos del otorgamiento de esta distinción, el hecho de que se destaque, como hecho positivo, que la Policía de Salta tenga «sistemas de enfoque en el usuario», conduce a hacerse una pregunta fundamental: ¿quiénes son estos usuarios?
La respuesta no es sencilla, puesto que la Policía no es el hospital público ni es el PAMI: su misión y sus valores son bastante diferentes a las de las agencias periféricas del gobierno que gestionan servicios públicos en sentido estricto.
Por definición, la Policía cuenta entre sus «clientes» a personas que quebrantan la ley y ofenden a la sociedad. De hecho, en Salta, son los delincuentes (no los ciudadanos comunes) los que entran en contacto más frecuente con la autoridad policial.
Ahora que si el sistema de enfoque en el usuario que resultó premiado está enfocado hacia el delincuente, sería bueno que la Policía de Salta dijera abiertamente que la distinción obedece a una especial relación de calidad con los infractores de la ley.
Si la Policía considera «usuarios» a los ciudadanos que acuden a solicitar el auxilio de la Policía frente a la amenaza proveniente del mundo del crimen, lo más lógico sería que cualquier «usuario» insatisfecho con la atención policial o con la seguridad brindada, en lugar de plantear una queja al fiscal de turno y desencadenar un proceso disciplinario, acuda a la Secretaría de Defensa del Consumidor y rellene un formulario, exactamente igual que hace aquel al que han vendido carne molida vencida en la carnicería de la esquina.
Si de lo que se trata es de atender correctamente a los delincuentes; es decir, no negarles el agua, el teléfono, el baño y una serie de derechos básicos, el premio no está para nada mal, excepto por el hecho de que una buena policía debería rechazar una distinción de tal naturaleza, pues es hasta ofensivo que a una institución del Estado se la premie por cumplir con el deber que le señalan las leyes.
El «buen desempeño» de la Policía provincial es también otro hecho muy destacado y que merece el aplauso ciudadano unánime. Es muy meritorio recibir una distinción por este motivo, sobre todo en una provincia en la que la vida de las mujeres vale por debajo del kilo de papas, y cada año aparecen más mujeres muertas en las cunetas que en cualquier otra jurisdicción del país.
A pesar de este detalle (en términos lepenianos) el «buen desempeño» es algo muy bueno.