Urtubey gobierna una sociedad de ignorantes. Y eso, a pesar de que en Salta existen más personas en posesión de títulos universitarios superiores que en cualquier otra provincia argentina, excepto probablemente la docta Córdoba. Según el gobierno, los profesionales de varias disciplinas (muchas de ellas complicadísimas) acuden periódicamente a pedir asesoramiento al polivalente Ministerio de Gobierno, que está dirigido por un señor que no se caracteriza precisamente por tener un destacado currículum académico. De hecho, el antecedente intelectual más importante de este funcionario -según la información oficial- es el de haberse afiliado al Partido Justicialista en el año 1997.
Con estos importantes avales, el último sujeto que ha caído en la tentación de solicitar el asesoramiento para su trabajo específico a los siempre bien preparados funcionarios del Ministerio de Gobierno de Salta ha sido el Comité de Bioética del Hospital San Bernardo de Salta.
Al parecer, entre los cientos de médicos y encumbrados especialistas en otras disciplinas que trabajan en el hospital (incluidos sus abogados) no hay ninguno que tenga idea de lo que es la bioética y para qué sirve. Ninguno de ellos sabe, por ejemplo, que en mayo de 2012 el Congreso Nacional sancionó una ley que regula los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. Tienen que ir al Ministerio de Gobierno para que éste los «interiorice» de la ley, como si el Boletín Oficial no existiese.
Los médicos no saben nada de esos asuntos, razón por la cual deben acudir al Ministerio de Gobierno para que se les informe bien de qué va eso de la autonomía del paciente, la eutanasia, la muerte digna y cosas por el estilo.
Tan livianas de contenido moral son estas materias, que a los médicos y demás profesionales del San Bernardo les ha parecido fenómeno que antes de ellos se sentaran en la misma mesa del Ministro de Gobierno los presidentes de Juventud Antoniana y Central Norte, quienes hace un par de días fueron también «asesorados», pero en su caso sobre la mejor forma de jugar al contraataque plantando un equipo con un 5-3-2-1.
Lo curioso y, al mismo tiempo, preocupante, es que los despistados expertos del San Bernardo fueron asesorados en persona por el Subsecretario de Asuntos Legislativos y Reforma Política, señor Martín Ávila, cuyas competencias legales no tienen nada que ver ni con la bioética ni con la ley de autonomía del paciente.
Al contrario, Ávila se ganó a pulso un lugar en la historia del mamarracho político lugareño al ser el autor del proyecto para derribar el Monumento al Combate de Manchalá, y por haber enviado a la Legislatura Provincial, con su firma, un proyecto de declaración, amparado supuestamente en las facultades que la Constitución y la ley atribuyen al Poder Ejecutivo en el proceso de formación de las leyes.
Con estos antecedentes, no sería de extrañar que los del Comité de Bioética del San Bernardo hayan salido de la reunión con la idea de que para los médicos de Salta es posible enchufar y desenchufar enfermos haciendo caso omiso de su voluntad, con la misma facilidad de aquel que se propone capturar Pokémons en las plazas públicas.
Habría que ver qué piensan el Colegio y el Círculo Médico de que sea un abogado el que los «interiorice» de una regulación legal que la mayoría de médicos responsables conocen al dedillo, hasta el punto de qué son ellos los que desde hace tiempo vienen instruyendo a los abogados en materia de bioética.
Es de esperar que en las próximas horas, el consejo académico del Instituto Balseiro acuda presuroso al Ministerio de Gobierno de Salta a recibir alguna orientación sobre cómo mantener las centrales nucleares del país y evitar un holocausto atómico. No sería descabellado pensar que los funcionarios le aconsejaran contratar como gerente a Homer Simpson.