La comunicación oficial del gobierno de Urtubey se ha inventado ahora la categoría de «funcionario de Estado». Al parecer, y según se desprende del texto de algunos partes, se trata de funcionarios que solo tienen en común el derecho -no escrito- de participar en las reuniones de gabinete que periódicamente celebra el Gobernador de la Provincia. Es decir, que de lo que se trata es de hacer un corte horizontal en la planta de servidores del Estado. Los de más alta graduación son considerados «funcionarios de Estado», mientras que los que ocupan los tramos medios e inferiores del escalafón, en lugar de servir al Estado se sirven, quizá, a ellos mismos. Son cualquier cosa, menos «Estado».
Ya no es ni siquiera la vieja discusión entre los funcionarios con poder de imperio (aquellos capaces de adoptar decisiones vinculantes) y los que carecen de esta potestad. Es más bien la glorificación de una élite y la reducción del Estado (concepto amplio donde los haya) a una dimensión familiar, más «manejable», a un club de amigos.
Para mal de todos estos teóricos de cabotaje, el Estado somos todos. No hay ningún ciudadano, con título de tal, que sea ajeno al Estado. Sin los ciudadanos, el Estado sería sencillamente innecesario y no existiría.
Se podría decir que a las reuniones de gabinete asisten funcionarios con responsabilidad de gobierno, lo cual es también una verdad a medias. Muchos de los que asisten a estas reuniones de amigos convocadas por el Gobernador, son unos auténticos irresponsables, dentro y fuera del gobierno.
Un ordenanza del Ministerio de Salud Pública es también un funcionario y sirve al Estado, pero no asiste a las reuniones de gabinete. Aunque si lo vemos fríamente, mucho ganaría en Gobernador si se rodease de estos ordenanzas, apenas instruidos, que de los grandes cerebros con los que comparte mesa y mantel en las inútiles reuniones de gabinete.
La distinción entre empleados y funcionarios es inoficiosa. Funcionario es todo aquel que desempeña un empleo público, cualquiera sea su jerarquía. Si acostumbramos a llamar funcionarios solo a quienes desempeñan un cargo jerárquico es más por tradición que por una distinción legal que, si existiese, carecería de cualquier base doctrinal seria.