Unas pocas horas antes de que 109 premios nobeles publicaran un manifiesto histórico denunciando a Greenpeace como presunta autora de crímenes contra la humanidad, el capítulo argentino de la organización ambientalista dirigía una enérgica carta al Gobernador de Salta, para protestar contra la violencia policial ejercida contra campesinos e indígenas, durante un desalojo judicial.
Bastó que Greenpeace elevara el tono de su protesta para que el gobierno de Urtubey saliera raudo a anunciar que va a recibir a los ambientalistas para hablar sobre lo que el gobierno ha llamado «confusiones en cuanto a derechos» y que son, a su juicio, las que generaron la violencia en el marco de conflictos por la tierra.
Cuando el gobierno habla de «confusiones», no se sabe muy bien si el confundido es el juez que ordenó el desalojo forzado del inmueble, o si por el contrario quienes están confundidas son las personas que han sido desalojadas, que han pleiteado sin derecho. En cualquiera de los dos casos, la etiqueta gubernamental de «confusiones» es irrespetuosa, porque si no es con el juez, cuyo trabajo es precisamente eliminar las confusiones y dar certeza a los derechos, lo es con las personas que han sufrido el desalojo a quienes se les ha dicho más o menos que no tienen la menor idea de los derechos que los asisten.
Pero lo que ha llamado la atención de este caso es la premura con que el gobierno de Urtubey -frecuentemente fustigado por Greenpeace- ha respondido a la carta de los ambientalistas. Y también la forma, puesto que de mandarles la policía para descolgarlos de los techos antes, a extenderles una alfombra roja ahora hay una apreciable diferencia.
Es extraño, porque ni Urtubey ni la Policía suelen hacerse cargo de las denuncias por violencia que les dirigen los ciudadanos o los grupos sociales. Por ejemplo, cuando los transexuales de Salta protestaron por los abusos policiales, el Jefe de la Policía salió a decir que había que apalearlos porque su fuerza física es similar a la de los hombres y tuvo que venir una funcionaria de Buenos Aires a hacer que el jefe se tragara sus palabras.
Las turistas francesas
Tampoco Urtubey ha hecho caso -como sí lo hizo entonces la presidenta Kirchner- a la carta abierta que le dirigió a finales de 2015 el ciudadano francés Jean-Michel Bouvier, que pronto harán cinco años que viene luchando para esclarecer el crimen de su hija y de una amiga, sin que el Estado salteño parezca muy preocupado en hacerlo.Es verdad que Urtubey, si bien no respondió públicamente la carta abierta que le escribió Bouvier, al menos tuvo el gesto de recibirlo en su despacho, junto a la entonces flamante Ministra de Derechos Humanos y de Justicia. Pero tan cierto como esto es que Urtubey incumplió todas y cada una de las promesas que le hizo a Bouvier, incluida la de gestionarle al padre francés una entrevista con el presidente Macri. Urtubey, esta vez por escrito, se hizo el desentendido como si no lo conociera a Macri. Y aprovechó que un par de jueces de Salta le habían echado un cable con una sentencia absurda y jurídicamente desproporcionada. Aquella sentencia «liberó» a Urtubey de cualquier compromiso con Bouvier.
Poco después de los hechos, Bouvier dijo sentirse traicionado, aunque no terminó de identificar bien al traidor. Greenpeace y el titular de su campaña de bosques ya pueden ir calculando lo que les pasará.
Y para terminar de cerrar el círculo de la vergüenza, desde hace más de dos años Urtubey viene guardando silencio acerca de una carta anónima (pero no virtual) en la que aparecen dos de los que fueran sus ministros (cuando lo fueron) señalados como presuntos partícipes en el crimen de las dos turistas francesas. El que la carta sea anónima y el que no haya sido dirigida a él no quiere decir que no exista y que no merezca la más mínima atención. La falta de firma y de identificación de su autor no convierte automáticamente en calumnias a las afirmaciones que contiene.
A diferencia de la carta de Greenpeace -y salvando todas las distancias posibles- esta carta anónima, que denuncia con bastante detalle hechos tremendos de violencia contra la mujer, no ha merecido para Urtubey ni la más mínima consideración.
Tampoco para los aludidos. Lo cual es extraño, porque las personas decentes, cuando son acusadas en falso, y más aún si son mencionadas en una denuncia anónima, lo primero que hacen es presentarse espontáneamente ante la justicia para pedir declarar y que un juez los exonere de toda sospecha. Es decir, que si no los investigan, son ellos los que piden ser investigados a fondo, o al menos piden que se averigüe quién pudo ser el autor de la carta anónima y de la presunta calumnia.
Pero aunque la carta es pública, como conocidos son los nombres de las personas a las que incrimina, nadie ha salido a defender su honorabilidad mancillada ni a pedir que los fiscales busquen al autor o autora de esas falsas acusaciones, para que reciba el merecido castigo.
Pero en Salta, al parecer, el sentido del honor que tienen algunos les permite soportar el peso de una sospecha eterna y convivir con la calumnia, y no les anima en absoluto a salir a combatirlas.
Si a nadie le interesa que este asunto se esclarezca es porque hay algo bastante turbio en el fondo; algo bastante más grave que un desalojo de campesinos por la fuerza, sin quitarle gravedad a un hecho como este, que merece que no solo Greenpeace alce la voz, sino todos los ciudadanos de Salta a los que les importen los derechos de los demás.