Sabido es que los títulos de la deuda de las provincias y las regiones autónomas que acuden al mercado internacional de capitales no pueden tener una calificación mejor que el llamado «techo nacional»; es decir, la calificación de la deuda del Estado nacional al que estas regiones y provincias pertenecen. Por esta razón, hasta el pasado mes de febrero, la Provincia de Salta no tenía acceso al citado mercado, porque la calificación de la Argentina era de SD, que corresponde a aquellos deudores que han elegido dejar de pagar selectivamente algunas de sus obligaciones. Algo mejor, sin duda que la D, que significa que se trata de un acreedor de cobro imposible.
Según el Ministro Jefe de Gabinete del gobierno provincial de Salta, Carlos Parodi, la tasa de interés obtenida por el gobierno que integra en la operación de colocación masiva de títulos de deuda pública en el mercado internacional es el resultado de una combinación de factores entre los que se cuenta la cantidad de deuda emitida, el plazo, las garantías, la amortización y el denominado «riesgo provincial», que en el caso de Salta es B y B-, según la agencia calificadora.
Pues bien, en términos de calificación de deuda, B y B- son los escalones más bajos del tramo de inversiones especulativas, tanto en Standard & Poor's como en Fitch, dos de las más importantes agencias de calificación de riesgo a nivel internacional.
En la terminología que emplean estas entidades, B y B- representan grados de no-inversión y son considerados como «junk bonds» o bonos basura.
Si consultamos la lista de países ordenada por la calificación de su deuda en https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating, veremos que la República Argentina ocupa uno de los lugares más bajos. Concretamente el quinto, empezando por la parte de abajo de la tabla de S&P. Solo tienen una calificación peor (en orden decreciente) Puerto Rico, Grenada, Venezuela y Jamaica. Con una calificación similar figuran países como Bielorrusia, Belice, Egipto, Grecia, Pakistán y Ucrania. Estos datos son de la primera semana de mayo de 2016.
En Fitch, la deuda argentina ocupa el mismo lugar, solo que por delante tiene a Grecia, a Ucrania, a Venezuela y a Jamaica. Y a la misma altura aparecen Benin, Camerún, Ecuador, Egipto, Etiopía, Líbano, Mozambique, Pakistán, Ruanda, Seychelles y Uganda.
Todo indica, en consecuencia, que el dinero obtenido en el préstamo contraído por la Provincia de Salta recientemente es, para los inversores que han adquirido los bonos, una operación de riesgo altamente especulativa. Así lo confirma el hecho de que la tasa de interés anual pactada es del 9,5% (una penalización para la Provincia) cuando países como España (BBB+ en S&P) se finanza a diez años con una tasa casi ocho veces más barata que la que pagaremos los salteños: 1,27%.
Transparencia y fondos buitre
Con estos elementos, solo queda pensar que quienes han adquirido los bonos salteños son aquellos inversores especulativos que los argentinos han bautizado con el muy descriptivo nombre de «fondos buitre».Si bien ni el gobernador ni sus ministros están obligados a revelar quiénes son los compradores de los bonos o en qué entidades se han negociado, no hay que olvidar la reciente promesa del gobernador Urtubey de transparentar al máximo las acciones del gobierno, formulada ayer mismo ante un calificado auditorio de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).