A veces tengo la impresión de que el Gobernador de Salta emplea buena parte de su tiempo en revisar los guiones de los sketches de sus imitadores y en estudiar prolijamente las coreografías de los bailarines. Y que, por tanto, se entera bastante poco de lo que hacen o dejan de hacer sus subordinados más directos.
Su caso es parecido, aunque no idéntico, al del presidente Lyndon Johnson, que parecía siempre más preocupado por la comida tailandesa, que por el desarrollo de la guerra de Vietnam, aunque en su caso -hay que reconocerlo- por lo menos se ocupó personalmente de ordenar el bombardeo de Hanoi en 1972, desde el cuarto de baño, mientras se hallaba haciendo «aguas mayores».
Cuando la televisión y la prensa rosa le dejan tiempo, el Gobernador hace unos esfuerzos muy meritorios por mostrarse como lo que no es; es decir, como un demócrata consumado y un legalista irreprochable, preocupado siempre y en todo lugar por realizar el supremo valor de la igualdad en una sociedad que, paradójicamente, es una de las más desiguales del planeta.
Muchas veces se le ha oído decir -especialmente en el caso de las turistas francesas- que respeta la división de poderes y la autonomía de que gozan otras autoridades, por ejemplo, las legislativas, las judiciales o las municipales.
Pero por debajo de este discurso tan impresionante, que dejaría a Lyndon Johnson a la altura de un tirano del caribe, nuestro Gobernador fomenta (excita, promueve, impulsa, atiza y protege) una serie bastante consistente de prácticas encaminadas a liquidar o limitar la autonomía de las autoridades a las que dice respetar con tanto esmero.
No lo hace él directamente, porque bien feo que quedaría. Para eso tiene a gente muy experta que opera en dos niveles nítidamente diferenciados: 1) el de la discreción y 2) el de la indiscreción más absoluta.
Los primeros utilizan intensivamente la lista de contactos de su teléfono celular. Les basta con un par de llamadas para obtener, por ejemplo, una sentencia o una acusación a la carta ante el Jurado de Enjuiciamiento. Sabido es que las cuestiones judiciales son más delicadas y por ello mismo requieren de una clase de operadores que no cometan la torpeza de andar publicando sus diálogos ni pavoneándose de sus influencias.
El grupo de los indiscretos está integrado por aquellos que, sin ninguna clase de vergüenza ni de complejo, envía proyectos de declaración a la Cámara de Diputados o anuncia que va a asesorar a unos concejales en la redacción de una futura carta orgánica municipal.
Justamente, la raíz etimológica de la palabra «autonomía» nos habla de la potestad de algunos órganos del Estado para darse sus propias normas, sin que otros se las impongan o se las sugieran. Curioso.
El Gobernador de Salta piensa en el fondo que no tiene mucho sentido que las cámaras de la Legislatura puedan emitir las declaraciones que les plazca a los señores legisladores o que los municipios puedan redactar las cartas orgánicas que crean más convenientes, cuando en realidad es él (y no las cámaras y los municipios) el que tiene el poder de decidir qué se hace, qué se dice, qué se guisa y qué se come en Salta. ¿Para qué sirve si no la tonelada de votos que lo respalda?
Puede haber poderes y entidades territoriales autónomas, pero aquí en Salta, donde a los gauchos les está permitido amenazar a las legítimas instituciones del Estado con alzarse en armas, sin que nadie les pida cuentas por ello, la autonomía se ejerce según manda el Gobernador, «a su entera satisfacción», como se suele escribir en los contratos.
Se podría decir, que el gobernador Urtubey ha inaugurado la era de la autonomía tutelada. Tutelada por él, claro.