Las continuas críticas que le son dirigidas al sistema de selección de jueces y magistrados en Salta han empujado a algunos a confundir calidad o cantidad y transparencia con sobreactuación.
De un tiempo a esta parte se han multiplicado las noticias oficiales que dan cuenta de la marcha de tal o cual concurso público convocado para seleccionar a los que serán magistrados inferiores del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Si bien este aumento cuantitativo de la información es de agradecer, también hay que decir que nos ha puesto en contacto con algunas exageraciones que provienen, sin dudas, de los complejos que atenazan a quienes tienen la misión constitucional de seleccionar a los candidatos.
No es ya solo enterarse de que hay candidatos que se presentan a cuanto concurso se convoque (algunos son ya profesionales de las pruebas escritas; otros, empecinados repetidores), sino también comprobar que las entrevistas personales, o exámenes orales (como se prefiera llamarles) requieren de la constitución de un tribunal cada vez más numeroso, como si no fuera suficiente solventar el trámite con un tribunal especializado de tres personas.
Lo llamativo de esta inexplicable multitud -que ahora, debido a las comodidades de las nuevas instalaciones, resbala con más facilidad en los tapizados Chesterfield de esos estupendos sillones con gran respaldo- es que ninguno de los que allí se sienta ha seguido una carrera de la magistratura, pues ésta, como tal, es inexistente en Salta.
Es decir, que las entrevistas personales son tomadas por simples abogados, por jueces de diferente grado, por profesores de alguna disciplina jurídica aislada, pero no por expertos serios en temas judiciales formados en aulas específicas. Si bien no es posible dudar del oficio y la experiencia de algunos jueces, también hay que reconocer que muchos de ellos son magistrados por amiguismo o conexión con el poder, sin haber estudiado más que las materias de la carrera de Abogacía.
Así como los consejeros se empeñan en conocer los antecedentes de los candidatos, cada uno de estos, ante de sentarse ante sus implacables examinadores, les debería exigir a su vez a estos que exhiban sus propios antecedentes, sus publicaciones y, sobre todo, sus concursos ganados.
No por ser críticos hemos de dejar de reconocer que entre los examinadores hay personas de un gran peso intelectual y político; magistrados y catedráticos cuyo solo nombre exime de cualquier otra consideración. Pero tampoco hay que desconocer que junto a ellos se sientan algunos personajes bastante oscuros, que, antes de evaluar a los demás, deberían ellos mismos someterse al escrutinio de sus pares.
Quizá si se practicase una higiene tan elemental como esta, en el futuro los tribunales del Consejo de la Magistratura, en vez de estar integrados por doce o quince personas, como lo están ahora, pasen a estar conformados por dos o por tres superexpertos en temas judiciales, que es lo que realmente se necesita.
No por sentar a una multitud tras la barrera, no por colocar sillones con interminable respaldo, se va a conseguir mejorar el proceso de selección de magistrados.