Cuando el gobierno de Urtubey pase a la historia -un tránsito que muchos desean que se realice lo más pronto posible- quedará para las futuras generaciones, como dato curioso o anecdótico, el intento del Gobernador de hacernos creer que las decisiones políticas deben ser adoptadas, como condición de validez y garantía de su eficacia, únicamente por «expertos en la formulación de políticas públicas». La historia -si es que los legisladores nacionales no sancionan una ley revisionista para contradecirla- dirá cuando llegue el momento oportuno que estos «expertos en la formulación de políticas públicas», en los que tanto confió y confía el gobernador Urtubey, han hecho papa.
Nunca antes la Provincia de Salta ha estado peor gestionada que ahora. No es necesario acudir a las cifras para confirmar que esto es así. La realidad es devastadora.
Una de dos: o los «expertos en la formulación de políticas públicas» contratados por Urtubey -incluido él mismo, que se considera especialista en este discutible arte- son unos inservibles de mucho cuidado, o es que el llamado «enfoque de políticas públicas» tiene realmente muy poco que aportar a la solución de los problemas colectivos que aquejan a los salteños y reducen su calidad de vida.
O quizá ocurra un poco de ambas cosas, con un amplio predominio -se me ocurre- de la primera.
Lo que ha querido Urtubey es hacernos creer que así como los problemas de los dientes y las encías solo los puede solucionar un dentista con diploma y colegiación obligatoria; o así como a los puentes sobre los ríos los tiene que diseñar un ingeniero y a una instalación de gas visarla un gasista matriculado, los problemas políticos los tienen que solucionar exclusivamente los politólogos, una suerte de ciudadanos sumamente cualificados, gurúes de una ciencia oculta o, al menos, inalcanzable para el común de los mortales, de suerte tal que, sin el concurso de ellos, los gobiernos serían mayormente una porquería.
Pero justamente, el problema es que la política es la única actividad que, por imposición constitucional, no conoce de incumbencias profesionales ni de terrenos vedados al intrusismo. Aquí todos valemos para la política: desde el menos ilustrado al que más. Dejar fuera a alguno, incluido al más torpe, es contrario al ideal republicano. Porque para ejercer la política con provecho solo hace falta algo tan elemental y a la vez tan complejo como «ser» y a veces -como en el caso de quien suscribe- ni siquiera es necesario «estar».
Fue un miembro del gabinete de Urtubey el que intentó descalificar a un conocido ingeniero por opinar sobre la Constitución. «Solo pueden hacerlo los abogados», dijo muy suelto de cuerpo entonces el señor abogado, olvidando la primera lección de Derecho Constitucional, esa que habla de «una república de iguales en derechos y obligaciones».
Tal vez no todos los ciudadanos estemos lo suficientemente preparados para opinar sobre física cuántica o sugerir modificaciones en el diseño del último acelerador de partículas, pero sí les aseguro a mis comprovincianos, que cualquiera de nosotros está perfectamente capacitado para interpretar la Constitución y las leyes como mejor nos plazca, y para proponer, ejecutar o evaluar políticas, sin necesidad del auxilio de un gasista matriculado, en posesión del diploma de «politólogo». De hecho, decía Sir Bernard Crick que la diversidad de recursos e intereses -característica de las sociedades plurales- proporciona por sí misma la educación necesaria para la política. No hace falta más.
¿Que nos podemos equivocar? ¡Por supuesto! Igual que se podría equivocar un titulado especialista en políticas públicas, o quizá un poco menos. Porque los que nos preocupamos por ejercer de ciudadanos, razonablemente podemos presumir de saber un poco más de lo que a nosotros nos interesa que aquellos que simplemente se han fijado como meta en la vida hacer rentable la actividad académica, tras haber consumido sus energías mentales estudiando una carrera, de indudable utilidad, pero que tiene -para qué engañarnos- escasísimas posibilidades de inserción seria en el mercado de trabajo.
Quienes pudieren sentirse aludidos por mis opiniones pueden tranquilamente considerarme como un mecánico dental de la política. No me voy a ofender, por más que intenten hacerlo. Tengo la tranquilidad, y el honor, de haber conocido estupendos mecánicos dentales -como don Cástulo Guerra- que, además de ser muy eficientes con la cerámica, supieron ejercer cuando les tocó como ciudadanos de una forma tan impecable que muchos titulados expertos en política no podrían ni siquiera atreverse a soñar.
Si el precio del llamado «enfoque de políticas públicas» es el caos político y administrativo que vive Salta, las cifras de mujeres muertas, de jóvenes que se dejan las vida en las carreteras, de enfermos sin apenas atención médica, pienso que lo más práctico es prescindir incluso de los abogados idealistas como el que escribe y optar decididamente por un gobierno de mecánicos dentales.