Juan Manuel Urtubey está a punto de entrar en la historia pequeña de la política lugareña como el primer Gobernador de Salta desplazado del poder tras verse sobrepasado por las demandas de transparencia de la ciudadanía. El descontento popular a causa de la opacidad de los procesos y las decisiones públicas ha venido creciendo de forma sostenida desde 2009 a la fecha, sin que el gobierno -que cultiva una concepción del poder basada en el secreto, propia del siglo XX- haya acertado en ningún momento a valorar la exacta dimensión del desafío de la transparencia.
Tal vez por falta de previsión o quizá por exceso de confianza en sus propias fuerzas, el gobierno de Salta ha llegado llamativamente tarde a la cita con el activismo 2.0 y en poco tiempo se ha visto cercado por la globalización de las nuevas demandas ciudadanas de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
A pesar de que estos procesos ya se insinuaban con claridad hacia el final de la década pasada, el gobierno de Urtubey ha venido generando sin interrupción prácticas de opacidad en la administración pública, que dan la espalda al nuevo concepto de gobernanza, basado en los principios de transparencia, acceso a la información relevante, responsabilidad, rendición de cuentas y participación real de los ciudadanos en la adopción de decisiones en materia de políticas públicas.
El carácter pretecnológico del Gobernador ha ayudado mucho a modelar un gobierno opaco y cerrado, que solo cuando comprueba que su poder se ha deteriorado de una forma ya irreversible intenta dar tímidas, aunque tardías, señales de apertura.
Unas señales que, lejos de cumplir con las expectativas de la ciudadanía, afirman en ella la impresión de que el gobierno no está dispuesto ni preparado para asumir las demandas sociales de una forma honesta, sincera y constructiva.
Los ciudadanos no olvidan que Urtubey lleva gobernando seis años y medio y que durante todo este tiempo no hizo el menor esfuerzo por sancionar una ley de transparencia para favorecer el acceso de los ciudadanos a la información pública y la rendición de cuentas por parte de los responsables políticos. No olvidan tampoco que Urtubey se ha negado en redondo, casi siempre, a suministrar información sobre el verdadero destino de los impuestos que pagan los salteños.
Durante estos seis años y medios el gobierno, mediante prácticas consistentes y criterios uniformes, ha privado a los ciudadanos de su derecho de conocer de qué forma se gasta el dinero público, quiénes son los beneficiarios de los subsidios, subvenciones y ayudas que concede el Estado, en base a qué normas se han concedido estas ayudas, qué destino se ha dado a las viviendas públicas, cómo se ha designado a los numerosísimos funcionarios y empleados del Estado, cuáles son sus remuneraciones y cuáles los criterios para asignarlas.
La derrota del gobierno en este terreno ha sido total y, por lo que se atisba en el horizonte, definitiva e inapelable. Si hacia el final de su mandato alguien pretende hacer pasar al de Urtubey como «un gobierno de cristal», será en todo caso por su inquietante fragilidad, nunca por su transparencia.