No existe forma humana de convertirse juez, en Salta o en cualquier parte del mundo, si no es «de la mano del poder». En la mayoría de los países avanzados del mundo, la designación de jueces y magistrados requiere de la intervención del poder político, en mayor o menor medida y con diferentes grados de intensidad. Los peligros de un poder judicial endogámico (jueces designados solo por jueces) o de un poder judicial popular (jueces designados por voto directo de los electores) han sido suficientemente estudiados por especialistas, de modo que el debate en este terreno debe ser reconducido en todo caso al de la organización y funcionamiento de las instituciones vigentes que intervienen en el proceso de selección y designación de los magistrados.
Si el sistema del que nos hemos dotado es malo, lo que corresponde hacer es proponer su reforma y trabajar para mejorarlo; no aprovechar sus debilidades para arremeter contra un juez que no nos gusta, al mismo tiempo que aplaudimos a aquellos jueces que pensamos que alguna vez nos harán un favor.
Los cuestionamientos a un candidato a juez seleccionado y las alabanzas a otros parecen olvidar que el Consejo de la Magistratura y quienes lo integran merecen un respeto por lo que hacen. Todos somos deudores de un mínimo respeto, aunque los consejeros no acierten en la selección de los candidatos. Su misión constitucional no es la de acertar sino simplemente la de elaborar una terna en base a pruebas objetivas. Conviene no olvidarlo.
Pretender convertir el Consejo de la Magistratura en un órgano aséptico y desligado de los equilibrios políticos del momento, o ignorantes del contexto social en el que su trabajo se desenvuelve, no solo es un error, es también un peligro.
En la Provincia de Salta se echa en falta una carrera judicial, con normas objetivas y estables que apunten claramente a garantizar la independencia, la idoneidad y la estabilidad de los jueces, así como a reforzar la transparencia de los procesos de ingreso, promoción y formación de quienes han decidido abrzar la carrera. Mientras estas normas no existan, estaremos expuestos a tensiones y a sospechas que no harán otra cosa que rebajar aún más la calidad de nuestra justicia.
Acabar con el amiguismo o el nepotismo en la designación de jueces no solo requiere de una intervención creativa en los procesos formales y visibles, sino de una reforma política profunda que comience por limitar los poderes omnímodos del Gobernador de la Provincia y que acabe con una reforma electoral que permita que la Legislatura provincial refleje genuinamente el pluralismo social y político.
Sin estas reformas fundamentales «la mano del poder», la misma que mece la cuna de los jueces, seguirá siendo una mano siniestra, opaca y sustraída al control de los ciudadanos.
Con los jueces malos o potencialmente malos sucede como con el chancho: la culpa no es de él sino de quien le da de comer.