Los dos escándalos de corrupción más grandes que estallaron en España en los últimos años -el del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y el del expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol- tienen un punto en común: En ambos casos los afectados alegaron «asuntos personales» para ocultar, primero a la prensa y después a los jueces, sus negocios y sus fortunas. En agosto de 2015, estalló otro escándalo más cuando el actual ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, mantuvo una reunión con Rodrigo Rato, quien ya se hallaba sujeto a la acción de la justicia. La reunión no fue escandalosa sino por el pequeño detalle de que, en un comunicado oficial, el Ministerio del Interior dijo -por dos veces- que Rato y el ministro se habían encontrado en el despacho de este último para tratar «asuntos personales».
En Francia, asuntos de esta naturaleza terminaron pasándole factura al político socialista Jérôme Cahuzac, hasta el punto de que en marzo de 2013 debió dimitir de su cargo como ministro delegado del Presupuesto. En un programa de televisión, Cahuzac dijo a un periodista: «Míreme a los ojos: Yo no tengo ni he tenido nunca una cuenta en Suiza. En ningún momento». Diez días después de su renuncia, el exministro reconocía finalmente la existencia de tal cuenta y la repatriación a Francia de 600.000 euros. Los Papeles de Panamá revelaban hace un mes que Cahuzac es propietario beneficiario de una compañía offshore en las islas Seychelles.
Visto está que esgrimir la excusa de «asuntos personales» no exime a nadie de culpa, porque por haberlos, hay asuntos personales sumamente turbios, que interesa sacar a la luz porque de ellos se puede haber derivado un perjuicio a los intereses del conjunto, o simplemente una violación de la Ley.
Y comprobado está también que parapetarse en la presunta confidencialidad de los «asuntos personales» es más inconveniente y peligroso que terminar revelándolos.
Hace algunos años, también en España, el entonces secretario de Estado a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (algo así como la SIDE española) debió comparecer ante una comisión parlamentaria especializada y aportar -como él mismo dijo en aquella oportunidad- «detalles exhaustivos sobre sus asuntos personales».
No por ser «personales», los asuntos de los responsables políticos dejan de interesar al ciudadano en una democracia. Es más, cuanto más personales sean los asuntos, está comprobado que más interés despiertan en el soberano, que exige que los detalles sean -como en el caso del CNI- exhaustivos a más no poder. Pues en estos tiempos en los que la información atraviesa las tuberías digitales a la velocidad de la luz, las personas normales lo que quieren saber es si los que gobiernan son o no corruptos, y cuanto más rápida y detalladamente, mejor. En unos casos para denostarlos, en otros, lamentablemente, para hacer causa común con ellos.
Al Gobernador de la Provincia de Salta le corresponde dar un paso al frente y decir frente a las cámaras y los micrófonos con los que mantiene un viejo idilio: «Aquí tienen, estos son mis asuntos personales, minuto a minuto, centavo a centavo».
Pero así como sin secreto no hay poder, sin asuntos personales el Gobernador de Salta perdería mucho de su atractivo místico. La transparencia a su máximo nivel no interesa en el máximo nivel del Estado de Salta, por alguna razón que los ciudadanos comienzan a comprender bien.
Es precisamente en la maraña de «asuntos personales» en donde se descubren las conexiones ocultas del poder, los negocios opacos, los amiguismos, la devolución de favores, los aprietes, el nepotismo y muchas otras conductas reñidas con los principios democráticos, que nunca o casi nunca adquieren la dimensión de asunto de Estado, sino que se mantienen en un discreto plano «personal» o «privado».
Un hombre como el Gobernador de Salta, que en muchos momentos de su vida institucional ha actuado como un Luis XIV redivivo, después de haber dicho hasta la náusea que «el Estado es él», no puede decir a esta altura de la soirée que parte de él no es el Estado y que esta parte (que gira bajo el rótulo de «asuntos personales») no debe transparentarse a los ciudadanos.
Al contrario, mientras sea Gobernador de Salta, y aún después, sus asuntos personales (por ejemplo, su estado de salud) interesan al pueblo. También, y en medida diversa, sus cuentas bancarias, sus fondos de inversión, sus acciones y títulos de crédito, sus coches deportivos, sus motos, sus noviazgos, sus divorcios y sus reconciliaciones. Todo forma parte del mismo paquete, por lo que el Gobernador no tiene derecho a opacar lo que más le convenga.
Por ejemplo, no tiene derecho a guardarse los detalles de su reciente viaje a París y a Nueva York, después de que en septiembre de 2014 convocara a una pomposa rueda de prensa para dar detalles muy pormenorizados de la muerte de un sobrino suyo, que bien podría haber sido considerada entonces, un «asunto personal», pero que no lo fue.
¿Que los ciudadanos son crueles y excesivos? Sí, es verdad. Pero el que va de sobrado y suficiente por la vida es él. Que no se haga ahora el modesto y que bajo la capucha del niño con cara de no haber roto nunca un plato intente esconder sus «asuntos personales».
Si los controles democráticos funcionaran en Salta como dice la Constitución y la ley que debieran, esta es la hora que el Gobernador debería estar dando explicaciones ante la Legislatura, de su viaje, de sus gastos, de sus patrocinadores y del tiempo que dejó a la Provincia abandonada a su suerte y a los oranenses acorralados por la epidemia de dengue más grave de su historia.
Si esto no ocurre, es porque entre el 75 y el 82 por cien de los legisladores que deberían ejercer el control sobre el mandatario, tienen a su vez «asuntos personales» que no conviene airear. Hoy por ti, mañana por mí y la casa sin barrer.
Aunque este no sea el dicho correcto, tal parece que en Salta los que mandan no solo no respetan las leyes sino tampoco los refranes.