Los micrófonos de FM Pacífico, de la ciudad de Salta, han recogido unas sorprendentes declaraciones del diputado Santiago Godoy, quien desde hacia varios lustros preside la cámara baja de la Legislatura Provincial. En un discurso caótico y apresurado, como ya es costumbre, Godoy intentó justificar el reciente aumento del sueldo de los diputados provinciales -una decisión que, en los hechos, depende exclusivamente de él- con argumentos más que discutibles.
Sobre esta gracia, Godoy ha dicho lo siguiente:
«Muchos legisladores viajan desde el interior para las sesiones y estos gastos son reconocidos; o también siempre hay alguna persona que se acerca para pedir alguna ayuda económica».
De lo que se deduce, en primer lugar, que diputados como él, que residen en la misma ciudad en donde sesiona la Legislatura, no deberían cobrar este aumento.
Y en segundo lugar se deduce que los diputados, en lugar de representantes del pueblo, son una especie de cajeros automáticos vivientes, a los que la gente acude cuando necesita efectivo de forma más bien urgente.
El temerario juicio del presidente de la Cámara de Diputados lo que hace es santificar una práctica viciosa de la democracia local consistente en apretar a los legisladores (que se suponen que trabajan poco y cobran mucho) o, lo que es lo mismo, institucionalizar el pedigüeñismo.
Afortunadamente, el sueldo de los jueces, los directores de hospitales y de escuelas, del jefe de Policía, o de los ministros del gobierno, no tienen un complemento específico para atender a personas que «se acercan para pedir alguna ayuda económica». Se supone que el salario que perciben funcionarios y magistrados es la retribución por su trabajo efectivo y no una prestación que contiene o supone el deber de dar limosnas al primero que se acerca a pedirla.
Sin entrar a valorar si el aumento acordado es justo o no, las razones esgrimidas por Godoy constituyen una olímpica falta de respeto a los legisladores y un desprecio mayúsculo hacia su trabajo, desde que consagra la obligación no escrita de destinar una parte de la dieta a la dádiva directa.
En otras palabras, equivale a decir: «Mirá, te pago 15.000 más, pero vos me dejás de joder con las boletas de nafta, y de ahí tenés que darle plata a la gente que te lo pida».
Ni en la Constitución de Salta (Art. 127) ni en el reglamento de la Cámara de Diputados está previsto que los legisladores, a título individual o colectivo, funcionen como una agencia de prestaciones sociales de emergencia o que tengan que entregar dinero de su propio bolsillo a personas que se acerquen a pedírselo.
En suma, que la imprudente e irresponsable justificación del diputado Godoy padre deja a 60 diputados de Salta a merced de las «barras bravas» y de los extorsionadores de turno, con lo que ello supone para la independencia del más importante de los tres poderes del Estado.
El desparpajo de Godoy roza la ironía al decir: «el que no lo quiera, tengo una lista de lugares adonde lo puede donar». Irónico y contradictorio, pues bastaría que el diputado que no quiera el aumento lo despilfarre en choripanes para atender a sus clientes. Lo que no es razonable es que alguien deba donar a las personas o instituciones que Godoy les señale. Faltaría más.
No queremos ni pensar qué sucederá cuando las barras bravas se enteren que nuestro representante en el Parlasur exige al gobierno nacional el pago de una dieta mensual de 7.000 dólares, la misma cantidad que, por cierto, cobra un miembro del Parlamento Europeo. ¿Deberá el señor Hernán Cornejo depositar también el diezmo en la manga?