El Ministro de Trabajo del gobierno provincial de Salta, Eduardo Gustavo Costello, acorralado por una denuncia pública de uso indebido de los vehículos oficiales, ha elegido la peor de las salidas posibles para defenderse. En una entrevista concedida al periodista Daniel Murillo, el funcionario ha justificado el uso particular de los vehículos del Estado en la necesidad de no interrumpir su actividad oficial para tener que ir a recoger a sus hijos al colegio.
Lo curioso es que Costello no solo ha admitido que «a veces» sus hijos son recogidos del colegio en un vehículo oficial, sino también que esa tarea -que, obviamente, no la realiza un robot- está a cargo de «sus colaboradores» en el Ministerio de Trabajo.
El Ministro de Trabajo de Salta estaría incurriendo así en una doble infracción a las leyes, pues del mismo modo que es lógico que no pueda utilizar los vehículos oficiales para cometidos totalmente alejados de los fines del Estado, tampoco es lícito y legal que el ministro asigne a funcionarios o empleados públicos tareas domésticas, como la recogida de sus hijos del colegio.
La falta del señor Costello podría haberse quedado en una mera anécdota, si el ministro hubiera dicho que sus hijos eran subidos al coche oficial y llevados a su casa por una empleada doméstica o una niñera privada, cuyo sueldo no paga el Estado.
Pero al admitir que esa tarea corre por cuenta de «sus colaboradores», el asunto se torna mucho más grave, porque el tiempo de trabajo de los agentes de la administración pública solo puede ser destinado a la prestación principal, que es el servicio al Estado, y no a otras tareas diferentes. Esto debería saberlo cualquier Ministro de Trabajo con un mínimo de preparación.
Ahora, el ministro Costello deberá explicar si los colaboradores suyos que «a veces» le hacen el favor de recoger a sus hijos del colegio en el vehículo oficial son secretarios de Estado, directores generales, inspectores de trabajo o simples ordenanzas del Ministerio, que -obviamente- no deberían estar recogiendo niños de colegio sino trabajando en aquello para lo que se les paga.
La información será crucial para determinar la exacta gravedad y cuantía del daño a las arcas del Estado que se ha producido por el uso indebido de los recursos humanos públicos para fines puramente privados.