En un Estado de Derecho, las relaciones que los ciudadanos entablan con los tribunales de justicia y con los operadores del sistema judicial en general están regidas estrictamente por la Ley. Una institución fundamental de los regímenes democráticos que se llama «proceso» ordena y disciplina, hasta extremos casi obsesivos, estas relaciones.
Fuera de él, los ciudadanos tienen derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. Pero, en particular, tienen derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tengan interés legítimo, de acuerdo con lo que disponen las leyes procesales. En este sentido, a los interesados se les debe facilitar, en condiciones de igualdad, el acceso a documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado. Todo esto, sin embargo, también está sometido a la Ley, hasta el punto de que el ejercicio de estos derechos instrumentales no puede entenderse desligado de una norma jurídica que los ampare.
Por tanto, son ajenos al funcionamiento de un sistema judicial basado en la Ley y en procedimientos objetivos los acuerdos privados y secretos entre los magistrados y los justiciables, así como las promesas de los primeros hacia los segundos, relativas al cumplimiento de las obligaciones a su cargo o a cualquier circunstancia relacionada con los procesos en curso.
Nadie -a menos que hablemos de un sistema judicial deformado en su esencia- puede sentirse traicionado por jueces o magistrados del Poder Judicial. La traición, como su propio nombre indica, supone el quebrantamiento de un deber personal de fidelidad o lealtad. Algo que, en materia de administración de justicia, solo se puede entender, y desde una perspectiva muy general, relacionado con la observancia y el cumplimiento de la Ley; nunca con promesas de fidelidad a personas individuales o a intereses particulares.
Por tanto, que un ciudadano que acude a los tribunales a solicitar su tutela diga públicamente que se siente «traicionado» por el sistema judicial, o por un juez en concreto, es grave para nuestras instituciones. No solo porque invita a suponer la existencia de acuerdos o promesas poco transparentes (incompatibles con la función jurisdiccional) sino también porque el hecho de «traicionar» puede interpretarse también como la revelación de la verdadera intención o sentimiento de quien dice o hace algo; es decir, como el descubrimiento involuntario de algo que se desea ocultar.
Saber quién traicionó a Jean-Michel Bouvier en el ámbito judicial no es tan importante como saber el porqué. Es decir, conocer qué intereses se ocultan detrás de esta pretendida y supuesta traición.
Porque lo peor que podría suceder después de estas declaraciones tan comprometedoras, es que los aludidos guarden silencio y den a entender con él que nuestro sistema judicial y sus principales operadores trabajan de espaldas a la Ley o que asumen compromisos poco transparentes para acomodar la legalidad a circunstancias políticas o intereses particulares; lo cual sería, por supuesto, inadmisible.