La «coparticipación», que no es más que un mecanismo de solidaridad fiscal entre territorios con diferente nivel de riqueza, se ha convertido entre nosotros en una perversa herramienta política, que sirve para modelar las relaciones entre gobiernos y administraciones públicas con diferentes niveles de autonomía y alcance territorial. La reciente decisión del gobierno federal de aumentar de forma sustantiva la cuota de coparticipación de impuestos federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha disparado las alarmas en algunas provincias, que se sienten injustamente discriminadas por esta medida.
No importa que el gobierno federal haya dicho que el refuerzo de las arcas porteñas no supondrá la reducción de los porcentajes de coparticipación de las provincias y que se financiará «con recursos propios» (es decir, con impuestos no alcanzados por la potestad tributaria original de las provincias). Menos aún importa que el aumento haya sido justificado en la transferencia a la autonomía porteña de la Policía Federal.
El caso es que algunos gobernadores han saltado hasta el techo, exigiendo al gobierno de Macri un trato similar.
Lo que en principio parece justo y razonable deja de serlo cuando entre quienes suscriben esta virulenta queja se encuentran gobernadores, como el de Salta, que practican activamente una política inversa en sus propias provincias y en relación con los municipios.
Habría que preguntarse -los Intendentes Municipales y los trabajadores al servicio de los municipios salteños deberían hacerlo- si es razonable que el Gobernador de la Provincia reclame ante la Nación un trato fiscal más generoso, mientras que él y su todopoderoso Ministro Jefe de Gabinete, mantienen a las administraciones municipales asfixiadas y utilizan el mecanismo de transferencias de recursos provinciales como un medio para «fidelizar» políticamente a los Intendentes y para «ajustar cuentas» con los que han sido electos en las listas opositoras.
Los salteños, ni aun en nombre de sus legítimos intereses, deberían aplaudir a un Gobernador que muestra una cara ante el gobierno nacional y otra muy diferente ante los Intendentes Municipales de su propia Provincia. Si los gobernadores provinciales no han tardado prácticamente nada en reunirse para protestar contra el auxilio financiero exorbitante concedido por Macri a la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué motivo los intendentes salteños se mantienen en silencio cuando sus municipios se encuentran al borde del estallido social?
Sería mejor comprender de una vez que el gobernador Urtubey no es sincero ni eficiente en la defensa de los intereses de la Provincia de Salta y que su postura crítica hacia las medidas del gobierno Macri no están dictadas por las necesidades de los salteños, ni las de su gobierno, sino por su propio egoísmo político, por esa necesidad imperiosa de llegar quién sabe dónde, sin importar lo que cueste y quién lo pague.
Si es injusto que Macri haya acordado aumentar en un 268% las transferencias de recursos federales a la ciudad de Buenos Aires, mucho más injusto todavía es que los municipios salteños no puedan pagar los sueldos o recoger la basura, ni acometer obras indispensables, solo porque el Gobernador y el señor Jefe de Gabinete mantienen cerrado el grifo hacia adentro al mismo tiempo que claman por un flujo mayor desde afuera.
Los salteños deberían preguntarse cuántos obreros municipales podrían disfrutar de un trabajo estable, cuántas familias podrían vivir decorosamente, cuántas obras para prevenir inundaciones se podrían hacer si el señor Urtubey se ahorrara los sueldos del señor Pacho O'Donnell, del señor Vilariño, de la señora Pace, del señor Quilodrán o de la señora Mazzone, designados a dedo en la Casa de Salta en Buenos Aires con la sola misión de promover la imagen del gobernador Urtubey a nivel nacional.
Cualquiera -y no solo el presidente Macri- puede darse cuenta que los niveles de empleo público improductivo que ha alcanzado la Provincia de Salta de la mano de Urtubey no se pueden financiar ya con el esfuerzo del resto de los argentinos. Cualquiera también puede darse cuenta que el egoísmo del Gobernador de Salta, cada vez cargado de mayor cinismo, está volviendo un infierno la vida en los municipios, sin que nadie, al parecer, se anime a dar un golpe sobre la mesa para llamarlo a la realidad y exigirle que cumpla con su deber de gobernante, olvidándose de su imagen y de su eterna campaña electoral.