En el mismo país en donde hasta los delitos comunes son considerados 'genocidios' y cualquier ofensa callejera es tenida por un crimen 'de lesa humanidad', comienza a extenderse la costumbre de 'declarar la emergencia' ante la más nimia de las dificultades. Si se pierden las plantaciones de banano por las heladas, siempre hay un funcionario presto a llevarle al Gobernador un borrador de decreto para que declare la 'emergencia bananera'.
Si se conocen cifras alarmantes sobre desnutrición infantil, no faltará una senadora que proponga declarar la 'emergencia nutricional infanto-juvenil'.
Si la recaudación impositiva desciende, es probable que alguien pretenda declarar el estado de 'emergencia fiscal'; si los turistas no encuentran alojamiento en Cafayate, la prensa habla de 'emergencia hotelera'; si los vecinos desaprensivos vierten basura a la vera de un río, se busca declarar la 'emergencia medioambiental'; si faltan medicamentos en los hospitales, rápidamente se acude al expediente de la 'emergencia oncológica'; si escasean los jueces en Metán, comienzan a sonar los teléfonos para declarar la 'emergencia judicial'; si las casas de los vecinos de un barrio resultan inundadas siempre es mejor declarar la 'emergencia habitacional', así como cuando tiembla la tierra, lo propio es convocar a la 'emergencia sísmica'.
Y así, hasta el infinito.
El de Salta debe de ser el gobierno que acumula más 'declaraciones de emergencia' del mundo por metro cuadrado, pero paradójicamente es el que menos problemas resuelve.
Es imposible olvidar que en Salta rige por ley un estado de "emergencia económica" desde hace casi tres lustros, sin que los problemas que motivaron tal declaración hayan sido resueltos por nadie y a nadie interese ponerle fin a este estado de aterradora incertidumbre jurídica.
Parece que cada vez que surge un problema en Salta, sea éste grave o menos grave, la persona que está llamada por la ley a solucionarlo, en lugar de sentarse tranquilamente a analizar sus causas, evaluar sus efectos y buscar las posibles respuestas a los desafíos que se le plantea, esa persona sencillamente enloquece y, tal vez por locura o quizá por comodidad, no reacciona de mejor forma que proponiendo al Gobernador un 'toque de queda', una movilización nacional, o el dictado de una herramienta legal que le permita al funcionario acceder a recursos extraordinarios, a contrataciones excepcionales, a soluciones extralegales, a medidas de auténtica catástrofe.
Si está visto que las declaraciones de emergencia ayudan muy poco a resolver efectivamente los problemas, ¿por qué entonces insistir con ellas?
La razón es muy sencilla: la emergencia declarada por decreto constituye una especie de patente de corso para saltarse la ley, una excepción sumamente cómoda en la que se amparan los funcionarios inútiles, con el objetivo de no tener luego que rendir cuentas de su inoperancia.
Estos vivillos saben que siempre es más fácil gestionar un área de gobierno que ha sido declarada 'en emergencia', porque el funcionario de turno dispone siempre de la excusa del caos si las cosas no van bien, y porque en caso de lograr que el Gobernador acceda a declarar la emergencia, ese funcionario habrá consumado un pequeño golpe de Estado, que le permitirá gobernar a sus anchas, sin rendir cuentas, sin control parlamentario, sin sujetarse a la realidad ni observar el sentido común, porque la situación "de emergencia" así lo amerita.
Sería bueno que el gobierno de Salta tuviera la sinceridad y la humildad necesarias para reconocer que existen problemas; que muchas veces estos problemas no son preexistentes o estructurales como acostumbra a decir, sino que son causados (o no son adecuadamente resueltos) por la contumaz ineficacia de sus propios funcionarios; y darse cuenta también de que no todos los problemas sociales o de gestión pueden ser coronados con una declaración de emergencia.
Porque la alegre multiplicación de este tipo de declaraciones huecas, y su extensión a situaciones que no son ni remotamente graves o urgentes, sólo contribuye a reducir la eficacia de los remedios extraordinarios de que dispone el Estado para conjurar situaciones auténticamente peligrosas.