
Desde 2009, el gobierno provincial de Salta se ha venido empeñando en promocionar esta competencia deportiva internacional, con tanta insistencia y dedicación, que parecería que su paso por Salta es la panacea para todas las patologías sociales que afectan a esta Provincia, incluida la pobreza.
El despliegue de medios y recursos gubernamentales, no solo para lograr que los organizadores tengan en cuenta al territorio salteño, sino también para que, una vez elegida, Salta se ocupe de la publicidad y la seguridad de la prueba, ha sido enorme durante los últimos siete años. Tan grande, que jamás el gobierno de Juan Manuel Urtubey se ha tomado la molestia de hacer públicas las cifras de gasto público con ocasión del paso del rally Dakar por Salta.
Esta competencia no ha abandonado el África solo por motivos de seguridad. En buena medida lo ha hecho también porque los países por los que atravesaba -en su mayoría subdesarrollados- se quejaban constantemente del mínimo beneficio económico que recibían, en comparación con el alto coste medioambiental del paso de las máquinas.
Lo que no admite discusión es que después de siete años, no se ha producido en Salta la revolución económica que el gobernador Urtubey anunció antes del paso del primer rally.
El «impacto económico» (por utilizar una terminología muy apreciada por los burócratas del turismo salteño) no se ve por ninguna parte. El Dakar (los seis anteriores) no ha contribuido a reducir el desempleo; no han aumentado ni los salarios ni la recaudación tributaria, de modo que si algún beneficio ha dejado, éste seguramente ha ido a parar, como siempre, al bolsillo de los amigos del poder.
La vieja promesa de Urtubey de que el rally reforzaría la visibilidad de Salta como destino turístico mundial también ha resultado un fiasco. Durante los pasados siete años el número de turistas extranjeros que visitó Salta no registró aumentos significativos y, en algunos casos, mostró un retroceso notable. Si realmente el rally Dakar fuese un escaparate mundial para Salta -como sostiene el gobierno- los esfuerzos de la promoción turística en el extranjero se deberían haber reducido. Pero, al contrario, se han incrementado.
Los salteños sueñan con que los escasos segundos que las televisiones del mundo dedican a los paisajes de Salta constituyan un reclamo suficiente para atraer hacia nuestra Provincia riadas de turistas. Pero esto no ha sucedido nunca en los pasados siete años. Entre otros motivos, porque las televisiones de los países desarrollados muestran a Salta en el Dakar como mostraban antes el desierto de Mauritania o las selvas de Camerún; es decir, más como un espacio exótico, tercermundista y hasta cierto punto inhóspito, que como un lugar singularmente atractivo.
Los beneficios del Dakar, tanto en términos de imagen internacional como de beneficios económicos directos son tan insignificantes, que nada justifica que el gobierno (con el dinero que es de todos) movilice a más de 5.000 policías, ponga en marcha más de mil vehículos oficiales, haga despegar sus aeronaves y helicópteros, y asigne una cantidad enorme de dinero para publicitar la prueba como atractivo turístico. Este gasto, que por otra parte no está sujeto a ningún tipo de controles, parece justificarse solo en el capricho personal del Gobernador de la Provincia, un hombre amante de las motos y de los coches de colección.
Pero en Salta -convendría recordar- algunas municipalidades no pueden pagar los sueldos. Los hospitales carecen de lo más elemental y hay muchos edificios escolares en muy mal estado. Hay poblaciones enteras que se inundan en verano porque los gobernantes no tienen dinero para pagar las obras que evitarían las inundaciones. ¿Por qué motivo entonces el rally Dakar sigue siendo una prioridad para el gobierno?
No nos engañemos. Si Salta tiene que trascender al mundo por alguna bondad, que sea por su cultura y por su naturaleza, y no por una competencia deportiva que apenas la roza y que normalmente oculta las bellezas del entorno detrás de una nube de polvo.
Para promocionar a Salta como destino turístico no vale todo. El gobierno democrático que han votado todos los salteños no tiene por qué funcionar como una agencia de publicidad o como comisario de seguridad de una empresa privada, por muy importante y por muy internacional que ésta sea.