La muerte de 41 agentes de la Gendarmería Nacional en accidente de circulación ocurrido esta mañana en territorio de la Provincia de Salta confirma los alarmantes niveles de inseguridad que padecen los habitantes de este territorio. 2015 pasará a la historia como uno de los años más negros en materia de muertes en accidentes de tráfico y demostrará que la política irresponsable del Gobernador de la Provincia -que en pocos años duplicó el número de policías creyendo que así iba a acabar con la inseguridad- lejos de ser una solución, es una parte importante del problema.
El problema mayor, el que nadie ve o el que se intenta esconder, es que la vida humana vale muy poco en Salta. Que no hay conciencia del enorme coste de la inseguridad, pero no porque la sociedad no sea capaz de conmoverse frente a las pérdidas absurdas de vidas, sino porque el gobierno viene negándose en redondo a admitir su cuota de responsabilidad en estas muertes.
Está muy claro que el gobierno provincial y sus autoridades no son los únicos responsables del aumento de víctimas mortales, pero esto no quiere decir sin más que el gobierno esté haciendo bien las cosas en materia de seguridad. Los errores se multiplican, las respuestas irresponsables están a la orden del día y la reflexión ausente. Ninguna sociedad seria en el mundo ha podido conjurar sus problemas de seguridad transitando por este camino errado.
Para cualquier gobernante con un mínimo sentido de la responsabilidad, iniciar un tercer mandato con más de cuarenta muertos sobre la mesa sería desastroso. Pero no para el Gobernador de Salta, que está acostumbrado a que nada, ni el suceso más trágico, ponga en duda su dedicación exquisita, su altruismo temerario y su «amor absoluto» por Salta. Seguramente, el Gobernador encontrará la forma de echarle la culpa a otro y saldrá reforzado de una tragedia que debería entristecerlo, como a todos.
El accidente de hoy y sus trágicas consecuencias demuestran que solo con amor y con sacrificio no se solucionan los problemas más graves. Que la pasión es mala consejera cuando la sociedad reclama soluciones racionales, políticas coherentes, recursos suficientes y equipos preparados.
El gobierno de Salta no tiene nada de esto, como ya ha quedado demostrado en la tragedia de Guachipas, en donde murieron abrasados cuatro brigadistas de Defensa Civil, sin que nadie -especialmente el Gobernador- mostrara entonces el más mínimo reflejo de humanidad.
Entre los asesinatos de mujeres, la violencia cotidiana, los crímenes del narcotráfico y los muertos en las rutas, Salta se ha convertido en una especie de «santuario de la muerte», con el agravante de que las pérdidas humanas, sean éstas provocadas por simple negligencia o por dolo, no son atendidas diligentemente ni reparadas, en lo que cabe, por un sistema judicial que declama más de lo que practica, y que ha sido diseñado para castigar al ladrón de gallinas y proteger al que porta apellidos, pero no para hacer justicia.
El lamentable estado de las rutas nacionales no solo es un problema del gobierno federal sino también del provincial, en la medida en que este último carece de las herramientas y de los criterios políticos adecuados para exigir del primero las inversiones en mantenimiento y seguridad que son imprescindibles. El abandono de nuestras rutas es siempre cosa de dos, nunca de uno solo.
Los salteños deben impedir que su Gobernador haga campaña con los gendarmes muertos y que aproveche la gran repercursión mediática de este tristísimo accidente para copar las cámaras y los micrófonos de los medios nacionales en beneficio de su propia imagen. Es tiempo de que el Gobernador dé la cara y que asuma sus culpas, pero no ante los medios nacionales, sino frente a los representantes del pueblo de la Provincia que lo ha elegido para gobernar cuatro años más.
Y si no queremos que estos cuatro años que quedan por delante se conviertan en un eterno duelo, con más muertos en las cunetas y más familias destruidas, solo podemos pensar en una cosa: exigirle al Gobernador más seriedad y aplicación en el cumplimiento de sus deberes. Y en caso de que persista en el incumplimiento, su renuncia.