
Vamos por partes.
1) Hay que preguntarse por qué razón estos aparatos, que tranquilamente podrían ser entregados por un ordenanza del Ministerio de Ambiente, son entregados por el propio ministro. ¿Qué actos importantes le quedan para el ministro entonces? ¿O es que a la firma de los grandes acuerdos sobre cambio climático va el ordenanza del Ministerio? ¿Por qué al ministro le gusta figurar cuando entrega anafes y se esconde cuando firma autorizaciones para desmontar el bosque nativo?
2) Un 'beneficio' consiste en el bien que alguien hace o recibe. No hay ni existe 'beneficio' alguno cuando quien hace o entrega algo lo que busca es resarcir a alguien de un daño o de un perjuicio.
3) El gobierno entrega anafes (en realidad, los vende) porque es incapaz de asegurar la provisión de gas (natural o envasado) a las personas que lo necesitan. Por tanto, con la entrega de los anafes el gobierno no 'beneficia' a nadie sino que repara (o, mejor dicho, intenta reparar) el daño que provoca su ineptitud para asegurar el gas en invierno.
4) El menor consumo energético (de un anafe, por ejemplo) beneficia más al gobierno (sobre quien pesa la responsabilidad de insuficiente generación de energía) que al medio ambiente o al ciudadano, que al final siempre termina pagando más de lo que debería.
5) No se puede hablar de 'beneficio' cuando la entrega de un bien cualquiera se efectúa a cambio de una contraprestación en dinero, por muy cómoda que resulte la financiación, y sobre todo cuando ésta corre por cuenta de una empresa privada (con evidente ánimo lucrativo) que vaya a saber quién diablos ha elegido para intermediar entre el Estado y los consumidores particulares.
6) Finalmente, no hay beneficio ninguno cuando el pobre ciudadano de Guachipas o de La Viña, impedido de acceder al gas en ninguna de sus formas, debe comprarle al gobierno (a través de la financiera privada y con el pago 'cautivo' a través del recibo de la luz) un anafe a su precio de mercado, cuando lo lógico sería que lo recibieran gratuitamente.
7) Los ciudadanos deberían rebelarse y lanzar una campaña denominada "No queremos del gobierno ni anafes ni afanes", en clara alusión al negocio económico que con la necesidad de la gente realizan el fabricante de los anafes, la sociedad financista y EDESA, y al negocio electoral que, valiéndose de la misma necesidad, realiza el gobierno.
De 'beneficios' como estos, que el gobierno de Salta dice que otorga a los ciudadanos, está empedrado el camino hacia la pobreza.