Si el Gobernador de la Provincia de Salta aspira a ser Canciller de la República, deberá empezar por aprender que la división de poderes y la independencia funcional del Poder Judicial no son argumentos que puedan eximirlo de su deber de representar, como jefe del Estado, al conjunto de las instituciones públicas de la Provincia, incluidas aquellas que no forman parte del Poder Ejecutivo. Es el ejercicio de esta jefatura -por encima de cualquier cuestión competencial- la que convierte al Gobernador en responsable directo de las acciones y omisiones de las instituciones del Estado provincial; de sus aciertos y de sus errores, de sus éxitos y de sus fracasos.
Es verdad que el Gobernador no juzga (estaría bueno que lo hiciera) pero no es cierto en modo alguno que, desde la posición que ocupa en el vértice de la organización institucional de la Provincia, el Gobernador no pueda hacer nada para evitar que la inercia del Poder Judicial o del Ministerio Público acaben derramando impunidad sobre los autores de los crímenes más horrendos.
Frente a la amenaza de impunidad y de claudicación de la justicia, el Gobernador salteño tiene, además de un deber moral incuestionable, una responsabilidad «de Estado», a la que debe hacer frente con valentía, sin importar las consecuencias; una responsabilidad que en ningún caso puede eludir, y mucho menos echando mano del argumento de la (teórica) independencia del Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo, como los demás órganos del Estado, están sujetos al principio de legalidad. De modo tal, que nunca se podrá argumentar que al Gobernador de Salta no le compete (también) el deber de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. El Gobernador dispone de los medios institucionales y la influencia política suficientes para hacerlo. Otra cosa es que no lo haga.
Convendría entonces preguntarse qué motivos impulsan al Gobernador para mirar para otro lado en el sangrante caso de las turistas francesas, violadas y asesinadas en Salta en julio de 2011, durante su primer mandato.
Juan Manuel Urtubey debe explicar ya mismo a los ciudadanos de Salta y a la opinión pública internacional por qué la Presidente de la Nación ha respondido con prontitud a la carta enviada por Jean-Michel Bouvier denunciando la inercia de las autoridades salteñas en la investigación del crimen de su hija, y él, por el momento, sigue pensando si responder o no a la conmovedora carta.
¿Va a dejar el señor Urtubey que el señor Bouvier recurra a las acciones descabelladas que ha insinuado en su carta? ¿Sería justo empujar a un padre que clama por justicia al abismo de la irresponsabilidad? Si algo de esto sucediera, la culpa por hechos irreparables caería como un rayo fulminante sobre Urtubey y partiría en dos su carrera política.
Bouvier ha remitido una carta abierta (que poco tiene que envidiar al famoso J'accuse que Émile Zola envió en 1898 al presidente Félix Faure a través del diario L'Aurore) que está genéricamente dirigida «a las autoridades de la Provincia de Salta». Pero es el Gobernador y no otro quien, en nombre de todas nuestras instituciones públicas, debe responderla.
Y debe hacerlo pronto, de forma clara y a la altura del desafío lanzado, porque, tal y como estamos, cualquier respuesta evasiva, imprecisa o deshonrosa puede ser interpretada -especialmente a nivel internacional- como una confirmación de las peores sospechas que se ciernen sobre gobierno de Salta y sus funcionarios.
Si algo de esto ocurriera, la futura e hipotética responsabilidad de Urtubey al frente de las relaciones internacionales de la República nacerá herida de muerte.