Urtubey quiere convertir a las comisarías en academias particulares de informática infantil

mt_nothumb
La información oficial de la Policía de Salta dice que el Ministerio de Gobierno -que dirige el señor Alejandro Cornejo- entregó «elementos informáticos» para la creación de una sala de computación en la sede del Cuerpo Infantil de Policía que funciona en el barrio Solidaridad.

La novedad no es ésta, sino la finalidad que persigue el gobierno con esta entrega: «crear un centro acorde para que los pequeños reciban nociones básicas en informática y así cumplir aspiraciones particulares y requerimientos de los niveles educativos» (sic).

La Policía de Salta, tanto en su versión adulta como infantil, no existe para ayudar a cumplir «aspiraciones particulares» de nadie.

Los recursos de que dispone la Policía, incluidos los informáticos, son pagados con el dinero de todos los salteños y, por ello, no se puede pensar otra cosa que su destino sea cumplir con finalidades de interés general y público, pero jamás satisfacer aspiraciones particulares.

Por otro lado, los «requerimientos informáticos de los niveles educativos» tampoco son asuntos que competan a la Policía; ni siquiera a la mal llamada «Policía comunitaria».

Los encargados de la seguridad pública no pueden ni deben suplir las falencias y huecos del sistema educativo. Si al Ministro de Seguridad de Salta se le ocurriera mañana que en los cuerpos infantiles de Policía se enseñe catecismo, habrá que ver primero qué opina el arzobispo.

Debería el señor Cornejo D'Andrea (o el mismo gobernador Urtubey) explicar a la ciudadanía por qué motivo, habiendo recursos informáticos y pedagógicos disponibles y, al mismo tiempo, carencias formativas en nuestra niñez, la «academia» se va a montar en una comisaría y no en una escuela pública.

Si la Policía de Salta o el ministro Cornejo D'Andrea quieren convertir las comisarías en academias particulares de informática el trámite es muy sencillo: enviar a la Legislatura de Salta un proyecto para reformar la Ley Orgánica de la Policía y, luego, hacer que La Veloz del Norte, o cualquier otro socio privado de la Policía pública, se haga cargo de pagar los gastos de funcionamiento de la nueva academia.