Con sus profundas contradicciones y, a veces, con la ingenuidad que caracteriza a quienes se creen que pueden llevarse todo por delante con facilidad, de tanto en tanto el romerismo le proporciona a Urtubey unas hermosas oportunidades para lucir el disfraz de demócrata. Así ha sucedido estos días con ocasión de la supresión de un programa de radio llevada a cabo por un descolorido agente de la avanzadilla romerista, que utilizó para ello unos argumentos de una banalidad y una estupidez solo comparables al hecho de dejarse grabar por los propios suprimidos.
El incidente -aireado al máximo por los medios afines al gobierno- le ha venido como anillo al dedo al Gobernador de Salta, que inmediatamente convocó a su despacho a los periodistas agredidos, los cobijó bajo su generoso poncho y anunció a los cuatro vientos que su gobierno practica «una férrea protección a las libertades individuales y a la seguridad de todos los ciudadanos» (sic).
Lo primero que habría que destacar es que en los últimos siete años ha habido decenas de periodistas apaleados, despedidos, extorsionados y silenciados, sin que al Gobernador de Salta se le haya movido un solo pelo; o se le haya ocurrido recibirlos en su despacho, brindarles protección y, menos aún, reivindicarse a sí mismo como el paladín de las libertades individuales.
Lo segundo es que, como buen peronista que es (un peronista «de manual», que dirían los puristas), Urtubey no tiene ni ha demostrado el más mínimo compromiso o la más ligera sensibilidad por las libertades públicas fundamentales de los ciudadanos.
No es ocioso recordar aquí que la Doctrina Peronista (Ed. 1947) no contiene una sola línea referida a tales libertades ni a su tutela.
Cuando el catecismo justicialista se refiere a los derechos fundamentales de la persona menciona a «la vida, a la cultura espiritual y profesional, vivienda y salud, alimentación, educación física y vestido» (pag. 26), pero no a la libertad de expresión ni al resto de libertades de la persona humana. La constitución peronista de 1949 desconoció expresamente el derecho de huelga, entre otros.
Es lógico suponer, pues, que Urtubey se haya desentendido de las libertades, y hasta cierto punto también es comprensible que las haya atacado, pues, para un peronista, el individuo y sus derechos son meros instrumentos al servicio del Estado y sus «fines superiores». Y para un nacionalista católico (detalle que no se debe olvidar) las ideas de dios y patria están por encima tanto del Estado como del individuo.
El de hoy es, por tanto, un buen jueves para recordar que el autoproclamado «férreo protector» de nuestras libertades básicas ha cometido en solo siete años cientos de atropellos:
1) contra la libertad ambulatoria de las personas (reforma del Código Procesal Penal, aumento brutal de la fuerza policial, detención de activistas de Greenpeace),
2) contra la libertad de reunión (Greenpeace, carpas docentes, policías, estudiantes secundarios, etc.),
3) contra la libertad de asociación (manipulación electoralista de la concesión de personerías jurídicas, negación de representatividad de coaliciones de trabajadores docentes),
4) contra la libertad de enseñanza (religión en las escuelas),
5) contra la libertad religiosa (prácticas compulsivas de religión católica en las escuelas, adoctrinamiento ideológico de escolares),
6) contra el derecho a la intimidad de las personas y las familias (caso Mazzone, Ibarra y otros), y cómo no,
7) contra las libertades de expresión y de prensa (listas negras, periodistas «de Estado», manejo discrecional de la publicidad oficial, ataques ideológicos a medios de comunicación, etc.).