Un artículo editorial de la web de la emisora FM Profesional, que es de propiedad del diputado nacional por Salta Martín Federico Grande Durand, califica a la justicia salteña de «enviciada, mediocre y de quinta».
Esta convencida afirmación, podría llegar a ser legítima e incluso constructiva si el diputado Grande o los responsables editoriales de su emisora hubieran justificado en el mismo escrito, con hechos y detalles, las razones de los adjetivos empleados, que son inusualmente duros e impropios de comunicadores responsables y con recursos abundantes para el ejercicio de su oficio.
Sin embargo, el artículo editorial en el que se vierten estas descalificaciones no hay referencias concretas sino a una sola magistrada, con cuya actuación se discrepa, sin ofrecer, por cierto, ninguna razón legal o procesal que justifique tales discrepancias.
Las descalificaciones de la web del diputado Grande suponen no solo un agravio para una importante cantidad de magistrados y de órganos judiciales salteños que desarrollan su trabajo con estricto apego a la Ley y respeto hacia los derechos de los justiciables, sino también una actuación potencialmente lesiva de la independencia judicial, toda vez que la censura -amparada en la libertad de opinión que la Constitución reconoce a los ciudadanos- refleja el pensamiento de un legislador nacional; es decir, de una autoridad que por el solo hecho de serlo debería sentirse obligado a respetar las decisiones, los tiempos y los mecanismos de los restantes poderes del Estado.
Críticas de este estilo no son admisibles cuando provienen de personas o grupos que son incapaces de acreditar que su propio trabajo es mejor (más eficiente, más valorado) que el de la institución contra la que arremeten. En concreto, el trabajo del señor Grande como diputado nacional no ha alcanzado hasta aquí los niveles de calidad y de transparencia que le permitan criticar con autoridad y fundamento a todos los magistrados del Poder Judicial de Salta. Si fuese así, los salteños ya nos habríamos enterado hace rato.
Como las que se dirigen a cualquier responsable político, las críticas de que son objeto los jueces del Poder Judicial deben ser razonadas, medidas y ponderadas. Debemos ser conscientes del daño que las críticas infundadas o desmedidas proyectan sobre una institución cuyo desprestigio solo aboca al caos y a las soluciones individuales violentas.
Porque exigir que los jueces hagan mejor su trabajo, no significa restarles autoridad sino, en cualquier caso, admitir que su autoridad es cada vez más necesaria para nuestra convivencia en paz y bajo el imperio de la Ley.
