La confirmación de que el Ministerio de la Primera Infancia del gobierno de Salta utiliza una tecnología inmadura, experimental y de dudosa fiabilidad para realizar predicciones sobre los hábitos sexuales y los riesgos sociales de miles de menores de edad en situación de vulnerabilidad, refuerza la impresión de que los niños salteños están sirviendo como conejillos de indias, bien para los delirios tecnológicos de un grupo de funcionarios o bien para los ensayos mercadotécnicos de uno de los gigantes de la informática a nivel mundial.
Bien es verdad que el gobierno de Urtubey viene realizando con frecuencia operaciones de «ingeniería social» con los niños de Salta, como lo demuestran las políticas de enseñanza de religión en la escuela pública, la ineficiente educación sexual, los cuerpos infantiles de policía y un sinfín de experimentos, como el de la predicción de las probabilidades de embarazo futuro de niñas de muy corta edad, que tienen en común dos características muy notables: 1) el nulo control social de las actuaciones del gobierno y 2) la ausencia calculada de quienes están llamados a velar por que no se cometan abusos contra la niñez indefensa.
El dominio virtualmente absoluto que el gobierno ejerce sobre los padres, a través de planes sociales y otros subsidios que mantienen a los pobres a merced de los dictados del gobierno, unido al estrecho control de los comportamientos electorales de los sectores más vulnerables de la sociedad, impide a los progenitores actuar en defensa del interés superior de sus hijos, sistemáticamente vulnerado por el gobierno, que encuentra en la infancia indefensa un terreno fértil para la experimentación y la aventura.
Los salteños deben plantearse muy seriamente si seguir tolerando los abusos que comete el gobierno en relación con los menores de edad y debatir sobre la necesidad de sancionar una ley que contemple la figura del Defensor del Niño, habida cuenta de que el cuerpo fiscal de asesores de incapaces no parece especialmente preparado para actuar en defensa de la infancia amenazada fuera de los procedimientos judiciales en los que es parte necesaria.
Las fantasiosas políticas que ha puesto en práctica el nuevo Ministerio de la Primera Infancia carecen en absoluto de controles independientes y no suscitan el interés de los legisladores provinciales, que tampoco disponen de herramientas eficaces para ejercer un control directo sobre las decisiones del gobierno en esta materia. Los ciudadanos deben exigir también al gobierno explicaciones convincentes acerca del papel que juegan la iglesia católica y la policía provincial en la definición y la puesta en práctica de las políticas para la infancia, incluido el diseño de los contenidos educativos. Es necesario que la ayuda social que se brinda a nuestros niños más necesitados no esté mediada ni influida por la religión o por la ideología, para que sea eficaz y políticamente sostenible.
La ley nacional 26061 y la Convención sobre los Derechos del Niño, frecuentemente invocadas por los tribunales de justicia de Salta, ofrecen un marco normativo muy general para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por esta razón es necesario que nos planteemos de qué forma regular la actividad ordinaria de los poderes públicos, para que estos no se vuelvan contra la infancia y se conviertan en garantes de sus derechos y no en sus principales amenazas.
En Salta, como ocurre en el resto de la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, el niño y la niña tienen una entidad social y un protagonismo como jamás han tenido en la historia de la humanidad. El nuevo rol social de la infancia está siendo cuestionado por las políticas invasivas de la libertad individual que despliega el gobierno de Salta y es por esta razón que se hace necesario fomentar la aparición de órganos y entidades independientes que defiendan, sin filtros religiosos o ideológicos, la idea de que el niño y la niña son personas singulares, únicas, libres, sujetos a derechos y obligaciones propios de su condición humana, con la particularidad de su condición infantil.
Estos derechos deberían ser más que suficientes para protegerlos del activismo deformante del gobierno, que se empeña en instrumentalizar a la infancia para sus propios fines, sin reparar en que la protección de los menores -especialmente de los desvalidos- es un objetivo social en sí mismo. Los niños de Salta no pueden, bajo ningún concepto, ser discriminados por sexo, edad, condición, idioma, religión, etnia, características socio-económicas de sus padres o familia, ni por cualquier otra consideración. Sin embargo, el gobierno de Urtubey los clasifica y los etiqueta como si fuesen insectos en un laboratorio. No debemos permitirlo.
Necesitamos, en definitiva, medidas jurídicas y administrativas, así como hábitos sociales, que contribuyan a establecer garantías mínimas de calidad y control ciudadano de los servicios destinados a los niños y niñas de nuestra Provincia, y que aseguren su capacidad para ejercer cuantos derechos el ordenamiento en su conjunto les concede, aunque parezca razonable establecer algunas restricciones de actuación en su propio interés, seguridad y respeto de su personal proceso de maduración. Debemos definir, entre todos y no solo el gobierno, los niveles de bienestar que aspiramos a alcanzar para la población infantil, como instrumento y garantía de la correcta evolución de su personalidad.
Estos objetivos tienen hoy por hoy un solo enemigo: el gobierno de la provincia de Salta. Urge, en consecuencia, exigir las correspondientes responsabilidades políticas al tiempo de efectuar un llamamiento a los ciudadanos a la rebeldía contra las decisiones de aquellos funcionarios que se creen tocados por la mano de Dios y que en nombre de la religión y de otros valores absolutos están cometiendo auténticas tropelías contra los derechos de quienes menos y peor pueden defenderse en nuestra compleja sociedad.
{articles tags="current" limit="3" ordering="random"}
{Antetitulo}
{link}{title limit="58"}{/link}
{created} - {cat_name} -