La formación de concejales municipales a cargo del gobierno provincial

Una vez más, el gobierno de Urtubey da muestras de su desprecio por la autonomía municipal y la separación de poderes al arrogarse el derecho de «instruir» a los concejales municipales en materias que son de la exclusiva competencia de estos.

El propio Gobernador de la Provincia -que para mayor vergüenza se presenta a sí mismo como especialista en Derecho Constitucional- ha salido a defender esta indebida injerencia de un poder sobre otro, al sostener que «en una democracia cada vez más participativa, quienes tenemos responsabilidad de gobernar, debemos sostener con eficiencia la relación con el ciudadano».

Como casi todas las frases que últimamente pronuncia el primer mandatario salteño, la elegida para justificar el impresentable avance del gobierno provincial sobre las autonomías municipales es confusa, deficiente e inaplicable a la situación a la que teóricamente está destinada a sostener.

En primer lugar, porque el entrenamiento de concejales por parte de funcionarios provinciales (la formación de cargos electos por el voto popular a cargo de personas que no han sido elegidas más que por la voluntad caprichosa del Gobernador) no tiene nada que ver con la «democracia participativa».

Se habla de democracia participativa cuando los ciudadanos (no los concejales u otros cargos electos) participan activamente en los procesos de toma de decisiones colectivas. Si a la democracia participativa se le opone, como concepto antagónico, el de democracia representativa, es absurdo pensar que la formación de concejales (agentes de la democracia representativa por antonomasia) vaya a reforzar los mecanismos de la democracia participativa.

En segundo lugar, porque los concejales no tienen la responsabilidad de gobernar, y en tercer lugar porque la relación que se entabla entre los ciudadanos y sus gobernantes nunca es cosa de uno, como pretende el Gobernador, sino cosa de dos. En el diálogo fructífero y la cooperación eficiente entre unos y otros están comprometidos tanto los que gobiernan como los que son gobernados.

Cuando el gobierno se cree que su misión es la de enseñar a los concejales a gobernar, parte de la equivocada premisa de que la tarea de gobierno es eminentemente técnica y no política, y la no menos equivocada presunción de los concejales no tienen la capacidad necesaria para ejercer la tarea que les ha sido confiada.

Por otro lado -aunque la Corte de Justicia haya dicho lo contrario- los concejos deliberantes -y los concejales- no están investidos de ninguna potestad legislativa. Tanto, que la Constitución de Salta dice con claridad cuál es el único sujeto que puede ejercer tal poder en el territorio provincial. Teniendo en cuenta que poder de legislar es una potestad soberana y que las entidades locales (los municipios) disfrutan de una autonomía simplemente derivada (a diferencia de las provincias en relación con el Estado federal), el poder normativo de aquellas entidades nunca es soberano y no puede ser considerado, de ninguna manera, como una potestad legislativa.

De modo tal que darles a los concejales municipales un curso para que «aprendan a legislar» es tan inútil como entrenar a un monaguillo para que sea Papa.

La pretensión del gobierno de enseñar a los concejales materias que se supone que estos desconocen pero que el gobierno domina a la perfección, es una falta de respeto; pero no ya a los concejales, sino a los ciudadanos que los han elegido, porque se supone que en su elección popular se halla implícito ya el juicio de idoneidad sobre las personas de los electos.

Es paradójico que quienes se han arrogado la facultad de enseñar a los electos sean personas que no se han sometido al voto de confianza de sus conciudadanos en las urnas. Es un claro defecto del gobierno de Urtubey, que piensa en los concejales como en una manada de iletrados, sin iniciativa, sin compromiso cívico ni ideas para beneficiar a sus vecinos.

Si creemos que es razonable que el Gobernador o los legisladores provinciales no sean sometidos a «clases instructivas» por parte de subsecretarios y directores generales del Ministerio del Interior de la Nación, es que tenemos que creer también que ni el Gobernador ni sus subordinados deben someter a los concejales municipales a ningún tipo de adoctrinamiento.

Lo mismo ha sucedido y sigue sucediendo con el voto electrónico, pues una panda de funcionarios, que lo más sofisticado que hizo en su vida es hacer marcas con un trozo de carbón sobre una pared, pasó de la noche a la mañana a «enseñar» a los ciudadanos normales a utilizar el voto electrónico, y, de paso, a enseñarles también a quién se debe votar para «preservar nuestras tradiciones y los sagrados intereses de la Patria».

Por último, la teórica posición de superioridad de los enseñantes sobre los enseñados se traduce normalmente en la tendencia de estos últimos a obedecer a los dictados de los primeros, cuando la Constitución sitúa claramente a unos y otros en dos órdenes políticos y normativos claramente diferenciados. Con lo cual, es poco menos que evidente que con estas insólitas actividades de «formación de concejales» el gobierno de Urtubey solo pretende abonar el terreno para que sus directrices y orientaciones políticas prosperen en suelo fértil.

El desprecio por la autonomía municipal es, por tanto, mayúsculo e inadmisible.

Bien es verdad que muchas personas encuentran justificado que sus representantes populares estudien para desempeñar mejor su papel político. Pero en tales casos lo más recomendable es que los concejales busquen su alivio formativo en las universidades o en centros de estudio independientes, y no en los funcionarios del gobierno, que no solo no tienen ningún título que los acredite como profesores de materias como estas, sino que además son los que tienen que decidir en qué condiciones las municipalidades van a recibir los recursos financieros que la Constitución y las leyes prevén.

Pero estando las cosas como están, cuando los concejales vuelvan a sus destartalados recintos, tendrán oportunidad de aplicar las «estrategias» presupuestarias que les enseñó el exministro Parodi, que dejó su cargo en el gobierno con la Provincia de Salta al borde de la bancarrota.