Cometemos un grave error cuando confundimos a las víctimas con los héroes y damos a las unas el tratamiento que le corresponde a los otros. Las víctimas son acreedoras de todo nuestro respeto por el sufrimiento y el menoscabo que han padecido, de modo que no es conveniente que la solidaridad con ellos exceda los límites de la empatía natural que los demás seres humanos solemos experimentar ante la desventura de un semejante.
Las víctimas -que no son héroes- no por ser víctimas tienen razón en lo que piensan, en lo que hacen, en lo que dicen; ni sobre sus padecimientos ni sobre cualesquiera otras cuestiones. Darles la razón, cuando están equivocados, no es solidaridad: es una forma desviada de la conmiseración.
De una víctima se espera una generosidad especial, una grandeza de espíritu tan elevada que le lleve a deponer los rencores; tal vez, incluso, a perdonar a sus victimarios. Pero nunca una actitud de rebote que demuestre que él también va por la vida causando daño injusto a sus semejantes.
Se equivoca el señor Martín Grande cuando atribuye la responsabilidad de la agresión que sufrió al Partido Justicialista de Salta. Responsabilizar a la política -y a un partido en concreto- de haber criado a un monstruo, acaparador de dinero, de influencia y de poder, es un atajo, una forma interesada y parcial de mirar la realidad.
¿Es que la prensa de Salta -de la que el señor Grande forma parte desde hace casi treinta años- no ha tenido nada que ver en la crianza y el engorde del monstruo en cuestión? ¿Los periodistas de Salta no se han prestado nunca a las operaciones de influencia y de poder? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Somos conscientes -y nos apresuramos a decirlo- que el 80 por ciento o más de quienes trabajan en esta noble actividad de comunicar son profesionales probos, conscientes de su responsabilidad social, pero admitir esto no obliga a negar que existe un sector importante de comunicadores que trabajan por otros intereses que no son los generales de la sociedad que los cobija.
El señor Grande y quienes piensan como él deberían aclarar rápidamente si la ambición por el dinero, el poder y la influencia es vista por los salteños como una degradación moral o si, por el contrario, es percibida como un horizonte de vida digno de imitar. Alguien nos debería explicar por qué es malo que un camillero se haya convertido en el zar de sanidad pública de Salta y por qué es bueno, o muy bueno, que otros políticos (y periodistas) como el propio señor Grande, o los gobernadores Urtubey y Romero hayan adquirido un enorme poder económico y político en relativamente poco tiempo.
No está muy claro todavía si es el estado moral de una sociedad la que influye sobre la configuración y el contenido del mensaje que emiten los medios de comunicación, o si, al contrario, los comportamientos sociales de los individuos son determinados (delineados, casi al milímetro) por ese pequeño universo de comunicadores con gran poder de penetración en la conciencia de los ciudadanos.
Si nos atenemos a lo que ha sucedido en la Argentina desde el año 2000 (especialmente en diciembre de 2001), pocas dudas caben que estamos en el segundo escenario, no en el primero.
De modo que si vivimos inmersos en una sociedad violenta, crispada e intolerante no se puede echar la culpa solamente a la política, sino hacer un profundo examen de conciencia y averiguar si nuestras opiniones, como ciudadanos comunes o como comunicadores públicos, han contribuido o no a crear un clima social proclive a la violencia y al desprecio por el otro. El ejercicio de la libertad de expresión, como el de cualquier otro derecho de libertad, exige como contrapartida una alta responsabilidad de parte de sus titulares.
La incitación al odio, político o ideológico, es entre nosotros una forma muy socorrida de ejercer del derecho de opinar, como lo es en erigirnos en jueces y fiscales de la conducta de los demás. Hablamos, lamentablemente, de unas debilidades en la que acostumbran a caer, con más frecuencia de la que sería deseable, quienes tienen la responsabilidad social de orientar la opinión de sus conciudadanos.
No debemos permitirlo; como no debemos admitir tan alegremente que una víctima de la intolerancia, al verse rodeada de la solidaridad de su gremio y envalentonada por la simpatía que le ha demostrado el resto de la sociedad, intente pasar a la política la factura de unos males que él mismo, con su irresponsabilidad, ha contribuido a cultivar.