La noticia de la agresión perpetrada esta mañana contra el periodista Martín Grande constituye una muy mala noticia para las libertades públicas en la Provincia de Salta. Un acto de esta naturaleza pone de manifiesto no solo la crispación política que viven los salteños sino el asombroso nivel de intolerancia hacia la opinión discrepante y el nulo papel que desempeñan los jueces de la Provincia en la tutela del derecho al honor de las personas.
No hablamos de debilidades institucionales cualesquiera, sino de tres problemas muy graves que provocan un impacto profundo en nuestra concepción de la ciudadanía y en nuestra práctica democrática. Lamentablemente, tanto el clima de intolerancia, como la virtual inutilidad de los magistrados a la hora de proteger los derechos fundamentales de las personas, son defectos que se deben sumar a la ya muy larga lista de desaciertos del gobierno que dirige Juan Manuel Urtubey.
Las actitudes y opiniones del señor Grande -aun las más descabelladas- no merecen una respuesta tan brutal como la agresión física directa. Quienes lo han agredido demuestran así su desprecio, no solo por la libertad de opinar, sino por la convivencia pacífica entre ciudadanos racionales, que es la base de nuestro sistema político. Nuestra condena -conviene aclararlo- no es una reacción corporativa, puesto que no compartimos la misma profesión con el señor Grande.
Es razonable, sin embargo, que todos los periodistas que ejercen su oficio con probidad y dedicación se sientan agredidos, pero esta cobardía de que el señor Grande ha sido víctima merece un rechazo mucho más amplio que el de la mera solidaridad profesional.
Es por ello que exigimos a los fiscales y jueces de la Provincia de Salta que procedan inmediatamente contra los autores de la agresión al periodista Grande y que se aplique a los responsables el castigo que prevé la ley para hechos como este.
Al mismo tiempo que condenamos cualquier intento de hacer justicia por mano propia, hacemos un llamado a la moderación a todos los ciudadanos que ejercen su derecho a opinar en blog y redes sociales, con el fin de que las diferencias políticas, ideológicas, culturales o religiosas que nos separan (o nos distinguen) no se conviertan en pretexto para convertir en papel mojado las normas que nos obligan a respetar al diferente y no provocar daños injustos a las personas.
Exijamos al gobierno y al resto de los poderes públicos provinciales un mayor compromiso y actitudes valientes y concretas en la defensa de las libertades de todos los ciudadanos. Que se acaben las poses, los discursos calculados y las declamaciones floridas, para que hechos como este no vuelvan a repetirse jamás en nuestra tierra.