El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, una persona de nombre Carlos Cruzado, haciendo honor a su apellido, se ha convertido en el adalid de una campaña mediática, bastante bien coordinada aunque algo torpe, que aboga porque Lionel Messi ingrese cuanto antes en prisión y cumpla la pena que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Barcelona. A este señor y otros de los que integran este sindicato de élite les ha caído como piedra la salida a escena del Fútbol Club Barcelona y su campaña para defender a su futbolista. En un comunicado emitido por el sindicato y cuyos párrafos recoge el diario El País, se puede leer lo siguiente: “Que una entidad como el Barcelona, con tanta proyección en todo el mundo, lance una campaña de este cariz no solo es desafortunado, sino que hace un flaco favor a la pedagogía fiscal, tan necesaria en España”.
Lo peor de esta afirmación es que tiene razón. Aunque solo en parte, afortunadamente.
Es verdad, por un lado, que el Barcelona es «més que un club» y que no tiene por qué interferir en la actuación de los tribunales de justicia. También es verdad que la defensa de Messi, tal cual como la ha planteado el club, supone en la práctica enviar un pésimo mensaje a la sociedad sobre la responsabilidad fiscal de los ciudadanos.
Pero, por el otro lado, ni ese sindicato, ni su presidente, ni los técnicos que lo integran -insistimos, un grupo de élite de la administración del Estado- son nadie para juzgar si alguien le hace favores gordos o flacos a la «pedagogía fiscal». Sencillamente, no son ellos los llamados a defender ni la pedagogía ni la gerontología fiscal, pues simplemente, como sindicato que son, la ley solo les autoriza a defender sus intereses como trabajadores al servicio del Estado.
Pensar que los intereses profesionales, corporativos o de clase de una franja de funcionarios de esta especialidad representan el interés general, o se identifican con él, comporta reconocer la existencia de una especie de superciudadanos; para peor, unos fiscalmente intachables y moralmente superiores e irreprochables. Ni la Iglesia Católica en sus buenos tiempos hubiera aspirado a esto.
En otra parte de las declaraciones que recoge el diario El País, se pone en boca del presidente del sindicato la siguiente frase: «Lo mejor que podía haber hecho el club y el propio futbolista es asumir la sentencia y pasar página».
Este sí que es un error y muy lamentable. Porque está bien pensar que el Barcelona no tiene por qué defender a Messi y menos hacerlo de una manera tan sesgada que esa campaña de apoyo a Messi se parezca a un acto catalanista de insumisión al Estado español.
Pero de ninguna manera se puede admitir que un sindicato le pida a Messi que renuncie a su defensa jurídica. Es decir, que «asuma» la sentencia con resignación, cual si fuera un castigo divino, y, peor todavía, que «pase página», como si el tribunal juzgador, en vez de imponerle una pena de prisión de 21 meses, le hubiese dado una cariñosa colleja.
En realidad, quien debería «pasar página» es el sindicato Gestha, los técnicos que lo integran y la administración tributaria. Es decir, olvidarse de Messi y dejar que sean los tribunales de justicia los que decidan qué consecuencias habrán de tener sus actos. El sindicato, los inspectores y el aparato recaudador del Estado español debería ocuparse mejor de los auténticos defraudadores fiscales; es decir, de aquellos que por no pagar y eludir sus obligaciones con el fisco han forzado al gobierno de Mariano Rajoy a anunciar el aumento del impuesto a las sociedades, violando una promesa de campaña, para intentar cumplir con las metas de déficit fiscal impuestas por Bruselas.
Si para el sindicato Gestha y para quienes lo integran es más importante meter a Messi en la cárcel a que el Presidente del Gobierno en funciones cumpla con su palabra o que España no sea objeto de sanciones económicas por la Comisión Europea, es que no cabe más remedio que pensar que el conocido lema de «Hacienda Somos Todos», con tanta mudanza de colores, se ha reformulado como «En Hacienda Somos Todos Merengues».
¡Estaría bueno que Messi no se defienda porque unos señores que dicen encarnar la más prístina ejemplaridad fiscal del país se lo aconsejen! Estamos de acuerdo en que no es el club que le paga el sueldo el que debe salir a defenderlo y menos organizando una pueblada mediática en contra de los poderes públicos. A Messi deben defenderlo sus abogados, que para eso los tiene y muy buenos. Mal que les pese a los elitistas técnicos de Hacienda y aunque se les atragante toda la hiel de la xenofobia vernácula, Enrique Bacigalupo, abogado de Messi, argentino de nacimiento y ex magistrado del Tribunal Supremo, es uno de los juristas más brillantes que ha tenido España en los últimos treinta años.
Messi y Bacigalupo no solo tienen el derecho de defenderse (el derecho a recurrir las resoluciones judiciales forma parte del contenido nuclear del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión) sino que también tienen la obligación de hacerlo. Y en esta búsqueda de una sentencia justa no se ha de ahorrar en medios. Nadie tiene por qué ver en una defensa jurídica rigurosa y exhaustiva un ataque a Hacienda o a sus técnicos. No se trata de devolverle al señor Cruzado sus insultos y descalificaciones, por más que los merezca.
Tampoco se ha de ver, dicho sea de paso, en la defensa de Messi una lucha cuerpo a cuerpo con el nacionalismo español o con los intereses del Real Madrid, por más que la injusta condena que hoy pesa sobre el jugador sea el resultado de una acusación única formulada insistentemente por un cuerpo de letrados (también de élite) que está dirigido por una señora que fue secretaria de la Junta Directiva del Real Madrid, secretaria general de la constructora Sacyr Vallehermoso y persona de la más estrecha confianza del presidente de club blanco, Florentino Pérez.
Lo último que los ciudadanos pueden tolerar es que los técnicos de Hacienda o los abogados del Estado, en su empeño por lanzar mensajes ejemplarizantes a la sociedad y presentarse ante los ciudadanos como vírgenes aladas, apunten contra Messi y guarden silencio frente a la corrupción que atenaza a España. Es decir, que no reclamen el mismo celo o la misma severidad en el castigo para grandes defraudadores de la Hacienda pública española, mucho más grandes y mucho más peligrosos (fiscalmente hablando) que el mejor jugador de fútbol de la historia.